Chihuahua, Chih.— Ante el nombramiento de Gilberto Loya Chávez como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, la diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, cuestionó formalmente su designación y exigió la presentación de una estrategia integral orientada a superar el rezago y la crisis en las investigaciones ministeriales.
Durante su posicionamiento, la legisladora planteó diez interrogantes dirigidas al funcionario, solicitando detalles precisos sobre su formación jurídica, los requisitos legales cumplidos para su llegada al cargo y las evidencias o indicadores de desempeño que respaldaron la decisión de la gobernadora Maru Campos para designarlo en la posición.
Pérez Reyes también puso sobre la mesa el impacto de la violencia y la incidencia delictiva en la entidad, recordando que Chihuahua se mantuvo en el segundo lugar nacional en víctimas de homicidio doloso durante el año 2025, y ocupó el tercer peldaño a nivel nacional en el mismo delito entre enero y agosto de 2026, según las cifras expuestas.
En el ámbito operativo, la diputada emplazó a la autoridad a informar sobre el estado actual de las investigaciones pendientes, el impacto real de la plataforma Centinela en la obtención de sentencias condenatorias y los antecedentes de detenciones declaradas ilegales durante su paso previo por la seguridad pública municipal. Asimismo, exigió conocer los mecanismos que garantizarán la autonomía e imparcialidad de la procuración de justicia.
La representante popular solicitó que las respuestas sean entregadas por medio de documentos oficiales y plazos claros, estableciendo un periodo de 90 días para demostrar resultados concretos en la disminución del rezago ministerial, bajo la premisa de que la provisionalidad del encargo no exime de una rendición de cuentas inmediata.
Las víctimas no tienen una justicia provisional ni pueden poner su dolor en pausa, advirtió la legisladora al recalcar que el desempeño de la institución debe evaluarse con base en la solidez de las carpetas de investigación y la eficacia ante los tribunales, más allá de la infraestructura tecnológica o los discursos oficiales.
Finalmente, Pérez Reyes enfatizó que el funcionario tiene la obligación de demostrar su capacidad técnica y legal ante la ciudadanía y los órganos legislativos, subrayando que la confianza depositada por el Ejecutivo estatal debe traducirse en resultados tangibles para las víctimas de delitos en el estado.
