CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. – En el inicio de este 2026, la industria maquiladora en Ciudad Juárez enfrenta uno de sus periodos más convulsos. La abogada laboral y activista Susana Prieto Terrazas ha emitido una alerta ante el incremento de quiebras, cierres definitivos y paros laborales que ponen en riesgo miles de empleos en la frontera norte.
Crisis de solvencia y aranceles
De acuerdo con Prieto Terrazas, la coyuntura económica marcada por la implementación de aranceles del 25% a las exportaciones hacia Estados Unidos ha asfixiado la operatividad de diversas plantas. Esta situación se agrava con casos de insolvencia financiera, como el de First Brands Group, empresa que posee cuatro plantas en la ciudad y que recientemente se declaró en bancarrota bajo las leyes estadounidenses, dejando en la incertidumbre a su plantilla laboral.
Conflictos vigentes: El caso Centric Parts
La abogada ha dado seguimiento a conflictos específicos como el de la empresa Centric Parts, donde trabajadores han realizado guardias a temperaturas bajo cero para evitar que los activos de la planta sean retirados sin que se garantice el pago de sus liquidaciones tras un inminente cierre. Prieto ha denunciado que estas «quiebras» son en ocasiones estrategias para evadir responsabilidades sindicales y contractuales.
Impacto laboral en cifras
El panorama descrito por la defensora laboral coincide con las cifras de organismos industriales:
- Pérdida de empleos: Se estima una reducción de más de 64,000 plazas en el sector manufacturero de Juárez durante los últimos dos años.
- Contrataciones frenadas: Index Juárez reporta que la rotación ha caído al 3.5%, no por estabilidad, sino por la nula oferta de nuevas vacantes ante la incertidumbre económica.
Riesgo de «sindicalismo charro»
Prieto Terrazas también ha alertado que esta vulnerabilidad financiera es aprovechada por sindicatos externos para extorsionar a empresas mediante amenazas de huelga, lo que acelera la decisión de las corporaciones de abandonar la plaza. La abogada urge a las autoridades estatales a intervenir para garantizar que los cierres se realicen conforme a la ley y evitar que los obreros sean los más afectados por la crisis arancelaria de 2026.
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