CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- Un presunto esquema de entrega irregular de cartas de posesión que afecta a cientos de familias y abarca terrenos de propiedad federal y privada fue denunciado formalmente ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, involucrando de manera directa a funcionarios de la administración municipal y a liderazgos populares de la frontera.
Diego Curiel, responsable de promover la querella jurídica, acusó formalmente al director de Asentamientos Humanos del municipio, Julio de la Cruz, de incurrir en diversas irregularidades administrativas durante la expedición y entrega de dichos documentos en múltiples sectores estratégicos de la ciudad, afectando tanto predios nacionales como propiedades de particulares.
De acuerdo con lo expuesto en el documento de la denuncia, el esquema de distribución de estos derechos de posesión habría alcanzado a casi un millar de familias en distintas zonas de la localidad. En el caso de las colonias Conquista y Juanita Luna, se estima que aproximadamente 700 familias recibieron documentación municipal sobre terrenos que pertenecen estrictamente a la jurisdicción federal y cuyos derechos legítimos ostenta el particular Ildefonso Curiel. Una situación similar se denunció en el sector de Lomas de Poleo, donde alrededor de 350 familias obtuvieron los citados oficios sobre predios cuya propiedad legal se atribuye históricamente a la familia Zaragoza, representada por el empresario Pedro Zaragoza Vizcarra.
El promovente de la denuncia fue enfático al advertir sobre el riesgo legal y el patrimonio de los beneficiarios, señalando que una carta de posesión carece de validez jurídica para otorgar derechos de propiedad o escrituración sobre terrenos nacionales o privados. El denunciante manifestó durante la presentación de la querella que se está engañando a la gente de las colonias y que esa situación debe investigarse a fondo por los órganos competentes.
Además de solicitar la intervención inmediata de la Sedatu para revisar los polígonos territoriales, Curiel pidió que el expediente sea turnado ante la Fiscalía General de la República para determinar si la emisión y firma de estos documentos por parte de la autoridad local constituye un delito del orden federal. Asimismo, la denuncia formal pide que se investigue la posible participación operativa del líder de colonos, José Luis Barrios, dentro de este presunto esquema de asignación. Hasta el momento, ni el titular de Asentamientos Humanos ni los otros civiles señalados en el documento han emitido una postura oficial para responder a las acusaciones.
