NUEVO CASAS GRANDES, Chihuahua.- El exalcalde de Galeana y líder político regional, Clarence Lamar Jones Stubbs, conocido públicamente como «Clary Jones», acusó al gobierno federal de mantener una fiscalización selectiva sobre el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, advirtiendo que la falta de auditorías en las administraciones de Morena podría estar financiando de forma ilegal campañas políticas, específicamente la del edil de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.
Jones Stubbs, un reconocido actor político en la zona noroeste del estado y con amplia trayectoria que incluye una alcaldía bajo las siglas del Partido Acción Nacional y una reciente participación electoral con Movimiento Ciudadano, denunció las graves dificultades administrativas derivadas del centralismo. Señaló la inexistencia de oficinas en la entidad federativa para interponer querellas inmediatas ante el presunto desvío de los recursos del Ramo 33, lo que consideró un bloqueo institucional para la transparencia.
Ante esta situación, el político regional urgió a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua a intervenir y auditar dichos fondos de manera local. Argumentó que el presupuesto asignado a los municipios gobernados por la llamada Cuarta Transformación continúa registrando incrementos mensuales desproporcionados sin un desglose público que aclare si corresponden a reasignaciones presupuestales o aumentos directos.
El denunciante advirtió sobre el millonario flujo de dinero que recibe la frontera juarense por concepto de este fondo federal, señalando que la falta de supervisión deja la puerta abierta al uso electoral de los recursos públicos. Detalló que a Ciudad Juárez le corresponden este año más de 1,659 millones de pesos anuales, lo que equivale a un promedio de 138 millones de pesos depositados de manera mensual a las arcas municipales.
Durante su posicionamiento, Jones Stubbs recordó el precedente jurídico de la región y trajo a la memoria el caso de la exalcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Ceballos, cuya gestión culminó en consignaciones penales y condenas tras la intervención de la Fiscalía Anticorrupción estatal. Mencionó que mientras la actual presidenta municipal, Edith Escárcega, enfrenta una realidad distinta, el antecedente demuestra que la fiscalización local es la única que ha dado resultados ante la omisión federal.
Finalmente, el líder social alertó sobre el riesgo de que la opacidad en el manejo del Fortamun se consolide como una tendencia del partido oficial a nivel nacional para la inyección de capital en los procesos electorales. Reiteró la necesidad de presionar a los fiscales anticorrupción locales para que investiguen a fondo las cuentas municipales y garanticen que el 25 por ciento de los presupuestos se aplique estrictamente en materia de seguridad pública y desarrollo comunitario, en lugar de sufragar actividades proselitistas.
