Barcelona, España.- El Gobierno español y la Iglesia católica firmaron este jueves un pacto pionero para compensar a las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero en casos prescritos o donde el agresor ha fallecido. El acuerdo, rubricado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, establece un sistema mixto con mediación del Defensor del Pueblo.
Este mecanismo permite a las víctimas que evitan contactar directamente con la Iglesia presentar reclamaciones al Ministerio de Justicia, que las derivará al Defensor del Pueblo. Esta institución estudiará cada caso y propondrá una reparación —económica, psicológica o restaurativa—, que evaluará un comité eclesiástico. En caso de desacuerdo, intervendrá una comisión mixta con representantes del Estado, la Iglesia y asociaciones de víctimas. Si persiste la discrepancia, prevalecerá la decisión del Defensor del Pueblo.
Las indemnizaciones económicas correrán exclusivamente a cargo de la Iglesia y estarán exentas de impuestos, incluyendo las ya abonadas. El plazo para solicitudes será de un año, prorrogable otro más, a partir de febrero tras formalizarse el convenio.
Bolaños celebró el pacto como el fin de una «deuda histórica y moral» tras décadas de silencio, destacando que «el Estado fija la reparación y la Iglesia paga, sin que el erario público aporte un céntimo». Argüello reconoció la «desconfianza» de algunas víctimas hacia los canales eclesiásticos previos, como el Plan de Reparación Integral (PRIVA), y enfatizó el compromiso moral de la Iglesia, que ya ha pagado cerca de 2 millones de euros a más de un centenar de afectados desde 2024.
El acuerdo responde al informe del Defensor del Pueblo de 2023, que estimó cientos de miles de posibles víctimas, aunque la CEE mantiene cifras más bajas basadas en sus investigaciones internas. Comparado con programas en otros países, como Francia o Estados Unidos, este sistema destaca por su supervisión estatal y participación de víctimas.
Este paso cierra tensiones entre el Ejecutivo progresista y la jerarquía eclesiástica, impulsado también por la mediación vaticana bajo el papa León XIV. Representa un avance en la responsabilidad de la Iglesia en una España cada vez más secularizada.
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