A repartir el pastel en Morena
La estrategia política que le funcionó a Morena en procesos electorales pasados, cuando Andrés Manuel López Obrador adelantó los tiempos con el destape de las llamadas corcholatas para madrugar a la oposición y bordear en los hechos la ley electoral, enfrenta hoy una severa parálisis. Aquella fórmula de anticipar liderazgos con el pretexto de nombrar coordinadores internos se ha vuelto un arma de doble filo. Hacia la contienda de 2027, el partido oficialista no padece por falta de aspirantes, sino por la proliferación desmedida de miles de ambiciones personales que amenazan con fracturar la estructura en prácticamente todo el país.
Frente a esta marea de disputas regionales, la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel optó por la postergación. Posponer la definición y difusión de los resultados de las encuestas hasta el mes de diciembre no responde a una pausa logística ni a un meticuloso estudio de opinión, sino a la urgente necesidad de ganar tiempo. La cúpula morenista requiere de varios meses para apagar incendios locales, operar mesas de cicatrización y tejer acuerdos que eviten desbandadas. La prisa original por colocar defensores de la Cuarta Transformación en el territorio cedió el paso a una táctica de contención para administrar el conflicto interno antes de que la división sea irreversible.
El estado de Chihuahua funciona como un botón de muestra perfecto sobre el desorden que padece el movimiento a nivel nacional. En la entidad, los esquemas originales de alianzas e intereses que buscaban repartir las candidaturas principales enfrentan serias dificultades para llegar a buen puerto. El bloque configurado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la funcionaria Mayra Chávez atraviesa un escenario de alta fricción que complica sus proyecciones de grupo rumbo al relevo de la gubernatura y de los ayuntamientos clave.
Al mismo tiempo, la reconfiguración de las fuerzas locales ha obligado a replantear la estrategia de otros liderazgos de peso. Integrantes del primer círculo cercano a la senadora Andrea Chávez comienzan a ver la alcaldía de Ciudad Juárez como una salida política pragmática y sumamente rentable. Esta posibilidad altera la rígida lógica de los combos iniciales, donde el bloque de Cruz Pérez Cuéllar y Mayra Chávez se perfilaba como el rival directo del eje formado por Juan Carlos Loera y Andrea Chávez.
Al final, la saturación de aspirantes en Chihuahua y en el resto de los estados demuestra que el pragmatismo terminará imponiéndose. Para evitar una fractura que abra la puerta a derrotas electorales inesperadas, la cúpula y los grupos locales tendrán que ceder espacios y renegociar las plazas principales. La prisa por adelantar campañas que en su momento fue la gran fortaleza del movimiento, hoy se ha convertido en una trampa de disputas internas que la dirigencia intenta desarmar a contrarreloj.
Ahora Cruz y el “tinacogate”
Un nuevo caso de sobreprecio en compras públicas vuelve a colocar bajo la lupa la administración municipal de Ciudad Juárez. La adjudicación de un contrato millonario para la adquisición de tinacos destinados al programa de Mejoramiento a la Vivienda evidencia diferencias considerables entre los costos pactados por la autoridad local y los valores reales del mercado comercial. Esta irregularidad administrativa no solo afecta el erario municipal, sino que suma presión legal contra la gestión del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, cuya administración acumula un historial de observaciones que podría traducirse en hasta quince carpetas de investigación judicial.
El expediente oficial del fallo de la licitación pública presencial CA-OM-082-2026 expone detalladamente las cifras del contrato asignado a la empresa Prodisa International Supply, S. de R.L. de C.V. En el documento oficial se avaló la compra de 929 tinacos tricapa de 450 litros a un costo unitario de 3,850 pesos sin IVA, así como 1,480 unidades de 200 litros a 2,420 pesos cada una. Al sumar el impuesto correspondiente, el monto total adjudicado con recursos públicos ascendió a 7 millones 730 mil 910 pesos.
La controversia surge al comparar estas asignaciones oficiales con los precios comerciales al consumidor. En tiendas especializadas, ferreterías y plataformas de distribución mayorista, los depósitos tricapa de capacidad similar oscilan entre los 1,500 y los 1,850 pesos por unidad. Es decir, el municipio adquirió estos insumos prácticamente al doble de su valor de mercado, un margen de sobreprecio injustificable incluso al considerar gastos de logística o almacenamiento masivo.
Desde la perspectiva del análisis político, esta adjudicación refleja un patrón recurrente en el manejo de las finanzas municipales. El programa social de entrega de tinacos, concebido en teoría para aliviar la escasez de agua en colonias vulnerables, termina desvirtuado por un esquema de contratación opaco que favorece a un proveedor privado con márgenes de ganancia desproporcionados. La compra a costos inflados no solo limita el alcance del propio programa social, reduciendo el número de familias beneficiadas, sino que expone un laxo control interno en el Comité de Adquisiciones.
El impacto institucional de este hallazgo va más allá de un señalamiento administrativo. Para Cruz Pérez Cuéllar, el afloramiento de esta nueva compra irregular complica gravemente su panorama jurídico y político en el estado de Chihuahua. Con el respaldo de la documentación de este contrato, los expedientes e investigaciones en curso contra su gestión por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos podrían incrementarse hasta alcanzar las quince carpetas judiciales.
En un contexto de fuertes disputas internas y reconfiguración de alianzas rumbo a los próximos compromisos electorales, el constante cuestionamiento a la transparencia de los caudales públicos debilita la posición del edil con licencia. La acumulación de señalamientos por compras a sobreprecio convierte a la gestión municipal de Ciudad Juárez en un frente vulnerable para el movimiento oficialista, demostrando que la discrecionalidad en el gasto público sigue siendo el principal obstáculo para la rendición de cuentas.
La justicia no funciona en México: Washington
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, lanzó duras críticas contra la efectividad de las instituciones en México. Durante la entrega de la Medalla por Servicio en la Frontera Mexicana, celebrada en el Pentágono, el funcionario estadounidense afirmó textualmente que «en México hay una razón por la que el sistema judicial no funciona, por la que el sistema político no funciona, por la que el sistema legal no funciona». Con estas palabras, Miller situó la parálisis institucional de México como un problema central para la agenda de seguridad de Estados Unidos.
El pilar de su argumento radica en el control territorial que ejercen los grupos delictivos. Según declaró Miller, la inoperancia de los tribunales se debe a que «el territorio está controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera». Para la administración de Donald Trump, la impunidad con la que operan estas bandas demuestra que los jueces y fiscales mexicanos han sido rebasados por células criminales que imponen su propia ley.
En su discurso ante altos mandos como el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, Miller sostuvo que las consecuencias de este colapso legal cruzan la frontera. El asesor advirtió que «los cárteles mexicanos de la droga se encuentran en la misma situación legal que el Estado Islámico o Al Qaeda», añadiendo que estas estructuras «no sólo exportan muerte masiva en forma de narcóticos a nuestro país, sino que también exportan sofisticadas organizaciones criminales cuyo objetivo es desestabilizar nuestra democracia».
Ante lo que Washington considera una parálisis de la justicia mexicana, el gobierno estadounidense justifica el refuerzo de sus fuerzas armadas en el límite sur. El evento cerró con la reactivación de la Medalla por Servicio en la Frontera Mexicana, una condecoración militar creada en 1918 tras las incursiones contra Francisco Villa y rescatada para simbolizar que, ante la incapacidad de los tribunales en México para contener al narco, Estados Unidos opta por un cerco de contención militar.
