Chihuahua, Chih.- Los exalcaldes panistas de Ciudad Juárez, Ramón Galindo Noriega y Gustavo Elizondo Aguilar, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia penal en contra del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar. La querella señala la presunta comisión de los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de la contratación por arrendamiento de ocho barredoras mecánicas que generó un daño patrimonial exacto estimado en 105 millones 600 mil pesos.
De acuerdo con la ficha informativa y la documentación exhibida por los promoventes, el Ayuntamiento de Juárez celebró un contrato por un periodo de 29 meses para el servicio de barrido mecánico de vialidades, con vigencia del 5 de abril de 2022 al 31 de agosto de 2024. Dicho acuerdo contempló una erogación total de 105 millones 600 mil pesos, desglosada en 33.6 millones de pesos en 2022, 36 millones en 2023 y 36 millones adicionales en 2024.
La desproporción financiera del contrato destaca al comparar el costo del arrendamiento frente al valor comercial real de los equipos. Mientras que el costo de compra de una barredora nueva no excede los 50 mil dólares —aproximadamente 900 mil pesos mexicanos—, la administración de Pérez Cuéllar pagó un total de 13 millones 200 mil pesos por el alquiler de cada una de las ocho máquinas a lo largo del contrato, una cifra equivalente a unos 750 mil dólares por unidad rentada. Con el recurso total desembolsado en la renta, el municipio pudo haber adquirido directamente más de 115 barredoras completamente nuevas en lugar de alquilar únicamente ocho.
El escrito formal sostiene la acusación en cinco inconsistencias legales y administrativas detectadas en el proceso de contratación. En primer lugar, refieren la ausencia de un estudio de factibilidad económica obligatorio que justificara la conveniencia de rentar en lugar de adquirir el equipo. Asimismo, denunciaron que el proceso de licitación pública sufrió un recorte injustificado en sus tiempos y contó con la participación de un solo licitante, derivando en lo que calificaron como un procedimiento amañado y dirigido.
La denuncia destaca además irregularidades en la empresa beneficiada, identificada como PYPRA, Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial. Según la ficha presentada, la compañía carecía de capacidad jurídica y operativa, toda vez que al momento de la licitación su objeto social se limitaba a la fabricación y comercialización de productos eléctricos y computacionales, sin relación con el aseo urbano. Adicionalmente, por su figura de microindustria, la firma contaba con un tope legal de facturación de 4 millones de pesos anuales, cifra muy distante de los 36 millones que recibió por año, sumado a que no se encontró registro vehicular que acreditara la posesión de las unidades comprometidas.
