Almoloya, Estado de México.- Una jueza federal dictó la medida de prisión preventiva justificada en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y siete personas más, debido a su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando calificado de hidrocarburos. La determinación fue notificada de manera oficial por la Fiscalía General de la República, luego de una extensa audiencia inicial que se prolongó por casi cuarenta horas consecutivas y que fue realizada a través del sistema de videoconferencia.
La captura del político de 74 años de edad, quien históricamente se consolidó como el primer gobernador de oposición en el país al ganar la gubernatura bajacaliforniana en 1989 bajo las siglas del Partido Acción Nacional, ocurrió el pasado jueves. La detención forma parte de un macrooperativo federal orientado a desmantelar una sofisticada red delictiva dedicada a la introducción e ilegal distribución de combustible en territorio nacional, esquema que de acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy generó un menoscabo patrimonial al erario federal superior a los cuatro mil millones de pesos.
Durante la comparecencia ante el Poder Judicial de la Federación, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada expuso cerca de un centenar de datos de prueba documentales y testimoniales para formular la imputación formal. Tras decretarse diversos recesos, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega resolvió aplicar la medida cautelar privativa de la libertad. De este modo, el exmandatario estatal junto con los coimputados Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés, Juan Hermilo Chávez y Luis Antonio Barrientos fueron recluidos provisionalmente en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.
El resto de los señalados enfrentará el proceso bajo condiciones diferenciadas por determinación judicial. José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales recibieron el beneficio de cumplir el mandato provisional en sus respectivos domicilios debido a complicaciones acreditadas en su estado de salud. Por su parte, la imputada Adriana Magali Bárcenas Guillén fue trasladada e internada en el Centro de Readaptación Social Nezahualcóyotl Sur, ubicado también en la periferia de la entidad mexiquense.
Las indagatorias ministeriales establecen que la organización delictiva operaba mediante el uso de carro-tanques ferroviarios para ingresar cargamentos de combustible procedentes de diversas refinerías ubicadas en el estado de Texas, Estados Unidos. Para evadir el pago de las contribuciones fiscales y los derechos de importación, los involucrados declaraban ante las aduanas volúmenes sustancialmente menores a los reales o manifestaban transportar productos químicos y mercancías distintas a la gasolina y el diésel. Tras el debate entre las partes, la defensa legal de Ernesto Ruffo Appel y de los demás procesados solicitó formalmente acogerse a la duplicidad del término constitucional, extendiendo el plazo de 72 a 144 horas para recabar datos de descargo antes de que la jueza determine si los vincula o no a proceso penal.
