Ciudad Juárez, Chih.- El exadministrador de las aduanas de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, Luis Manuel Terrazas, arremetió contra la narrativa oficial de la Fiscalía General de la República en torno a la captura del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, calificando el operativo de show político y revelando una red de complicidades institucionales que permite la continuidad del contrabando de hidrocarburos a gran escala en la frontera norte.
De acuerdo con las declaraciones del especialista en materia aduanera, el combustible que ingresa de forma ilegal a territorio mexicano no es producto de un robo rudimentario, sino que es adquirido legítimamente en refinerías establecidas en los Estados Unidos. Terrazas afirmó que para lograr el cruce de este producto hacia México existe un esquema de corrupción institucionalizada donde se encuentra todo arreglado con mandos del Ejército, la Marina, las aduanas, la Guardia Nacional y las fiscalías federales, estatales y municipales, sin excepción alguna.
El exfuncionario aduanal desmitificó los informes gubernamentales que aseguran que los contrabandistas alteran las fracciones arancelarias declarando otras mercancías para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el cual ronda el 20 por ciento. En su lugar, explicó que la metodología real del fraude consiste en subdeclarar los volúmenes de importación en los pedimentos, detallando que en el caso específico de los carros tanque asegurados, las redes delictivas únicamente declaraban ante la autoridad el 10 por ciento del contenido real de la carga.
Bajo esta lógica, Terrazas argumentó que nadie contrabandea a lo pendejo y que la captura de Ruffo Appel y sus socios de la empresa naviera Ingemar no responde a un auténtico combate a la impunidad por parte del Gobierno Federal, sino a un quiebre en los acuerdos cupulares. El experto sentenció que mientras el proceso contra el político panista es mediatizado, cientos de pipas con combustible de contrabando y sin pedimento oficial continúan cruzando la frontera diariamente bajo el amparo y la protección de las mismas corporaciones de seguridad del Estado.
