Chihuahua, Chih. — Los nombramientos de Óscar Alberto Aparicio Avendaño y Emilio García Ruiz como titulares clave en materia de seguridad pública durante el gobierno de Javier Corral Jurado (2016-2021) han sido cuestionados por presuntos nexos con el crimen organizado, omisiones en el combate a la delincuencia y un repunte de violencia que dejó miles de ejecuciones en el estado, según reportes periodísticos, denuncias públicas y análisis de inteligencia militar difundidos recientemente.
Aparicio Avendaño, excomandante de la Policía Federal, fue designado por Corral en octubre de 2016 como director de la Policía Estatal Única (PEU), en un acuerdo con el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, y ratificado en junio de 2017 como comisionado de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
Permaneció en el cargo hasta mayo de 2020, cuando renunció para reincorporarse a la Guardia Nacional.
Durante su gestión, Chihuahua registró más de 14 mil ejecuciones, con incrementos anuales de hasta 50% en homicidios dolosos, lo que críticos atribuyen a una supuesta protección a grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Un video reciente reveló que inteligencia militar lo fichó como presunto colaborador del crimen organizado, pese a lo cual fue promovido en otras entidades como Tamaulipas y Chiapas.
Denuncias incluyen omisiones en protección civil, como en Valle de Zaragoza, donde se le acusa de ordenar no enfrentar a criminales.
Por su parte, García Ruiz asumió en enero de 2020 como encargado de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), tomando protesta formal en febrero de ese año bajo el mando directo de Corral.
Con trayectoria en investigación federal, su designación se enmarcó en una reestructuración para fortalecer inteligencia policial.
Sin embargo, reportes destacan un «pasado oscuro» con acusaciones de extorsiones millonarias, cateos ilegales y vínculos con Genaro García Luna, exsecretario federal procesado por narcotráfico.
Bajo su gestión, se investigaron al menos 30 policías por nexos con el crimen organizado, con quejas por violaciones a derechos humanos como tortura y privación ilegal de libertad.
Críticos señalan opacidad en compras de vehículos blindados con sobrecostos.
Ambos funcionarios formaron parte de la estrategia de seguridad de Corral, quien promovió una narrativa de «limpieza» en las corporaciones, pero opositores políticos y publicaciones periodísticas cuestionan su responsabilidad por designar mandos con reportes de riesgo, en un contexto de resurgimiento de la violencia atribuida a tolerancia o colusión con el crimen organizado.
Hasta la fecha, no hay condenas firmes contra ellos por estos señalamientos, y las investigaciones permanecen en etapas preliminares o sin avances públicos significativos, según fuentes consultadas.
Durante su gestión, Chihuahua registró más de 14 mil ejecuciones, con incrementos anuales de hasta 50% en homicidios dolosos, lo que críticos atribuyen a una supuesta protección a grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Un video reciente reveló que inteligencia militar lo fichó como presunto colaborador del crimen organizado, pese a lo cual fue promovido en otras entidades como Tamaulipas y Chiapas.
Denuncias incluyen omisiones en protección civil, como en Valle de Zaragoza, donde se le acusa de ordenar no enfrentar a criminales.
Por su parte, García Ruiz asumió en enero de 2020 como encargado de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), tomando protesta formal en febrero de ese año bajo el mando directo de Corral.
Con trayectoria en investigación federal, su designación se enmarcó en una reestructuración para fortalecer inteligencia policial.
Sin embargo, reportes destacan un «pasado oscuro» con acusaciones de extorsiones millonarias, cateos ilegales y vínculos con Genaro García Luna, exsecretario federal procesado por narcotráfico.
Bajo su gestión, se investigaron al menos 30 policías por nexos con el crimen organizado, con quejas por violaciones a derechos humanos como tortura y privación ilegal de libertad.
Críticos señalan opacidad en compras de vehículos blindados con sobrecostos.
Ambos funcionarios formaron parte de la estrategia de seguridad de Corral, quien promovió una narrativa de «limpieza» en las corporaciones, pero opositores políticos y publicaciones periodísticas cuestionan su responsabilidad por designar mandos con reportes de riesgo, en un contexto de resurgimiento de la violencia atribuida a tolerancia o colusión con el crimen organizado.
Hasta la fecha, no hay condenas firmes contra ellos por estos señalamientos, y las investigaciones permanecen en etapas preliminares o sin avances públicos significativos, según fuentes consultadas.
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