CEDH y el bloqueo partidista
El Congreso de Chihuahua se ha convertido en un teatro de vetos cruzados donde la elección de la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se diluye en una partida de ajedrez entre Morena y el PAN. En abril de 2025, Morena anuló sus votos para frenar a Georgina Bujanda, aliada del blanquiazul; en mayo, fue el PAN el que se abstuvo y dejó la convocatoria desierta. Ahora, en febrero de 2026, con una terna de tres mujeres altamente calificadas —Ada Miriam Aguilera Mercado, Flor Alejandra Corral Requejo y Fryda Libertad Licano Ramírez—, la misma dinámica se repite: falta un puñado de votos para alcanzar las dos terceras partes, y las fracciones negocian en la sombra en lugar de votar. Este patrón no es casual; revela una cultura legislativa donde el poder se prioriza sobre la institucionalidad.
La simulación de la meritocracia
La Junta de Coordinación Política aprobó por unanimidad una terna que, por primera vez, respeta las evaluaciones curriculares e entrevistas: calificaciones superiores al 93 para las tres candidatas. Sin embargo, el consenso se evapora en el Pleno. El PAN, con su mayoría relativa, exige «diálogo responsable» mientras Morena acusa de «guerra sucia» y demanda garantías de independencia. Detrás de las declaraciones altisonantes, el cabildeo revela que ninguna bancada está dispuesta a ceder sin obtener contrapartidas en otros frentes: presupuestos, comisiones o candidaturas futuras. La CEDH, que debería ser un contrapeso autónomo, termina como moneda de cambio en un trueque político que desprestigia el proceso.
La falsa promesa de autonomía
Cuauhtémoc Estrada, coordinador de Morena, insiste en que esta elección es la oportunidad para romper con la sumisión histórica de la CEDH al poder ejecutivo y legislativo. Es cierto: el organismo ha omitido impugnar reformas inconstitucionales y presupuestos que recortan derechos de personas con discapacidad. Pero la retórica morenista choca con la realidad: en procesos anteriores, sus diputados bloquearon perfiles incómodos para el gobierno estatal. La autonomía no se decreta; se construye con votos, y hasta ahora el Congreso prefiere un ombudswoman dócil antes que uno que cuestione las políticas de seguridad, educación o salud, donde se concentran las quejas.
El costo humano de la parálisis
Mientras los diputados regatean, la CEDH opera con un presidente interino y sin liderazgo firme. Alejandro Carrasco Talavera gestiona quejas en Seguridad Pública y Educación, pero carece del respaldo político para enfrentar violaciones estructurales. La vacante prolongada erosiona la credibilidad del organismo ante víctimas de desapariciones, tortura o discriminación. En un estado marcado por la violencia y la impunidad, la inacción legislativa no es neutral: es cómplice. Cada mes sin titular equivale a miles de expedientes estancados y a una ciudadanía que pierde fe en las instituciones.
La urgencia de una ruptura real
Es inminente el día en que el Congreso elija a la primera presidenta de la CEDH en la historia de Chihuahua, pero solo si las bancadas abandonan el cálculo electoral. La terna de mujeres excepcionales ofrece una ventana histórica: perfiles técnicos, con trayectorias en derechos humanos, que podrían transformar la institución. Sin embargo, si prevalecen los intereses partidistas, el mensaje será claro: en Chihuahua, los derechos humanos siguen siendo rehenes de la política. La sociedad civil y la prensa deben exigir lo que los diputados no se atreven: una votación inmediata y transparente que ponga fin al circo y devuelva dignidad al organismo.
El atrincheramiento como farsa ideológica
En un episodio que más parece guión de telenovela que gestión pública, Marx Arriaga se ha atrincherado en su oficina de la Secretaría de Educación Pública por más de 72 horas, negándose a ceder ante su destitución oficial. Este acto de rebeldía, transmitido en vivo por redes sociales, no es solo un capricho personal, sino el síntoma de un morenismo que, al perder el control de sus piezas clave, recurre al espectáculo para defender un legado educativo plagado de errores factuales y sesgos doctrinarios. Mientras Arriaga clama por la pureza de la Nueva Escuela Mexicana, su resistencia expone la fragilidad de un proyecto que, en lugar de evolucionar, se aferra a dogmas obsoletos, erosionando la credibilidad institucional en un gobierno que prometía diálogo y eficiencia.
La hipocresía de las acusaciones cruzadas
Lo que comenzó como un despido por desacuerdos en la actualización de los libros de texto gratuitos —incluyendo la incorporación de más heroínas nacionales y perspectivas de género— ha derivado en un intercambio de acusaciones que revela las entrañas podridas de la Cuarta Transformación. Arriaga denuncia corrupción y privatización en la SEP, pero paralelamente emergen denuncias formales contra él por extorsión, «moches» de hasta 38 mil pesos por plazas laborales y acoso sistemático a empleados. Este espejo roto del poder ilustra cómo el obradorismo, en su afán de purgas internas, ha permitido que figuras como Arriaga operaran con impunidad, convirtiendo la educación en un feudo personal donde la lealtad ideológica primaba sobre la integridad, y ahora se desmorona en un circo de traiciones mutuas.
El legado tóxico de los libros de texto
Más allá del drama personal, el caso Arriaga desnuda el fracaso estrepitoso de los 107 libros de texto elaborados bajo su batuta, criticados por su falta de rigor científico, errores garrafales y adoctrinamiento explícito que priorizaba la narrativa de la 4T sobre la pedagogía real. La negativa de Arriaga a modificar contenidos, incluso ante solicitudes de la propia presidencia, no fue un acto de principios, sino de arrogancia burocrática que ha dejado a millones de niños con materiales obsoletos y sesgados. En un país que arrastra rezagos educativos crónicos, esta rigidez ideológica no solo perpetúa desigualdades, sino que confirma que la «nueva escuela» era, en esencia, un instrumento de propaganda disfrazado de reforma, ahora expuesto por las grietas internas del régimen.
La debilidad estratégica de Sheinbaum
Claudia Sheinbaum, en su intento de modernizar la herencia de López Obrador, ha optado por una salida tibia: ofrecer a Arriaga consulados o embajadas como consolación, para luego enfrentar su rechazo con silencio administrativo. Este manejo errático, que incluye anuncios de sucesoras y diálogos postizos, revela una presidenta atrapada entre la fidelidad al legado obradorista y la necesidad de corregir rumbos fallidos. Al no confrontar de frente las irregularidades —incluyendo las denuncias de corrupción en la Dirección de Materiales Educativos—, Sheinbaum proyecta una imagen de liderazgo reactivo, donde las crisis educativas se resuelven con pactos opacos en lugar de una auditoría profunda, socavando la promesa de un gobierno técnico y transparente.
El preludio de una fractura morenista
Este escándalo no es un episodio aislado, sino el presagio de divisiones más profundas en Morena, donde los guardianes del purismo ideológico chocan con la pragmática sheinbaumista que busca viabilidad electoral de cara a las intermedias. Arriaga, como fiel escudero de la 4T, encarna el fanatismo que ahora amenaza con boicotear las reformas necesarias en educación, mientras la oposición capitaliza el caos para cuestionar la gobernabilidad. En última instancia, el caso expone cómo el autoritarismo disfrazado de revolución ha generado un monstruo burocrático que se devora a sí mismo, dejando a la educación mexicana como rehén de egos y purgas, en un ciclo vicioso que solo profundiza la crisis nacional.
