Hidalgo del Parral, Chihuahua.- La sangre tiñe de nuevo la carretera Parral-Guadalupe y Calvo. Cuatro hombres, acribillados a quemarropa y con huellas de tortura, fueron abandonados en la caja de una camioneta negra esta tarde, apenas un día después de otro cadáver similar en el mismo tramo. La Fiscalía General del Estado investiga estos homicidios como posibles represalias de cárteles que disputan el control de rutas narco en la región serrana, donde la violencia ha desplazado familias y paralizado comunidades.
El hallazgo ocurrió a las 13:00 horas en el kilómetro 29+100, comunidad de Casita, municipio de San Francisco del Oro. Los cuerpos, de hombres entre 25 y 45 años, yacían apilados en una GMC Sierra 2014, con impactos de bala en la cabeza y signos de golpizas previas. Peritos aseguraron un casquillo .45 y remolcaron el vehículo para análisis forense. Las necropsias en el Servicio Médico Forense de Parral podrían revelar identidades mediante ADN, aunque fuentes policiales apuntan a locales implicados en el crimen organizado.
Rastro de muerte en la misma vía
No es un hecho aislado. El miércoles, a solo nueve kilómetros de distancia, en el kilómetro 20, un joven de unos 30 años fue hallado sin vida, también baleado. Autoridades lo vinculan a la misma ola de ajustes de cuentas, que ha encendido alertas en una carretera vital para el comercio y el acceso a zonas indígenas. Testigos reportan vehículos sospechosos y bloqueos improvisados, complicados por el terreno montañoso que frena las patrullas.
La sierra de Chihuahua arde en un conflicto no declarado entre facciones como La Línea, Los Salazar y el Nuevo Cártel de Juárez, con intervenciones del Cártel de Sinaloa y el CJNG. En 2025, los enfrentamientos han dejado decenas de muertos, viviendas incendiadas y miles desplazados en municipios como Guadalupe y Calvo y Guachochi. Recientes detenciones de líderes del NCJ no frenan la escalada: informantes ligan a las víctimas de hoy con un ataque previo a una mujer en Parral, donde un hermano de una de ellas cayó en septiembre. La DEA confirma la presencia de estos grupos, que controlan siembras de droga y tráfico de precursores.
Vecinos de Casita claman por más presencia de la Guardia Nacional, temerosos de transitar esta arteria que une el centro del estado con las alturas rarámuri. La fiscalía zonal sur desplegó investigadores para revisar cámaras y testimonios, pese a la hostilidad del relieve. El gobernador fue notificado y anticipa operativos reforzados. «Denuncien al 089», urge la FGE, mientras la impunidad devora la confianza en una zona donde los cárteles dictan la ley.
