Ciudad de México.- Tras la reunión del 22 de septiembre de 2025 en Palacio Nacional, senadores de Morena anunciaron la organización de conversatorios especializados para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de septiembre. Estos foros, que no equivalen a un parlamento abierto formal, buscarán incorporar aportaciones de expertos para abordar inquietudes, dudas y posibles ajustes a la propuesta, antes de su discusión en comisiones y eventual aprobación en el pleno del Senado.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos Primera, enfatizó que el ejercicio será «con la profundidad que se requiere en este momento», invitando a profesores universitarios, investigadores de institutos como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y representantes de barras de abogados, como el Colegio de Abogados de Veracruz. La Comisión de Justicia, presidida por el senador Javier Corral Jurado, y la Junta de Coordinación Política, encabezada por Adán Augusto López Hernández, acordarán las fechas en los próximos días, con el objetivo de evitar percepciones de «fast track» en el proceso legislativo.
La reunión en Palacio Nacional contó con la participación de figuras clave del Ejecutivo y el Legislativo: la consejera jurídica Ernestina Godoy Rangel y el coordinador de Política y Gobierno Arturo Zaldívar Lelo de Larrea explicaron el contenido de la iniciativa a senadores como Alejandro Murat Hinojosa, Manuel Huerta, Saúl Monreal Ávila, Luis Alfonso Silva Romo y Ana Lilia Rivera Rivera, así como a diputados como Leonel Godoy Rangel y Julio César Moreno Rivera.
Durante la sesión, se detallaron las modificaciones no solo a la Ley de Amparo, sino también al Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en armonía con la reciente reforma constitucional al Poder Judicial. Huerta y la senadora Rivera destacaron que estos conversatorios permitirán un diálogo constructivo, respondiendo a las críticas iniciales de la oposición y sectores jurídicos que ven en la propuesta un riesgo para el acceso a la justicia. Ana Lilia Rivera subrayó la coordinación entre comisiones para garantizar que el análisis sea inclusivo, aunque Adán Augusto López ha insistido en que el proceso no se extenderá indefinidamente, con una votación prevista para finales de septiembre o inicios de octubre.
La iniciativa presidencial busca modernizar y agilizar el juicio de amparo, figura constitucional clave para proteger derechos humanos frente a actos de autoridad, incorporando herramientas digitales como notificaciones electrónicas y audiencias constitucionales grabadas en video. Entre los cambios principales se incluyen un plazo máximo de 60 días naturales para dictar sentencia tras la audiencia, la prohibición de suspensiones con efectos generales en amparos contra leyes (limitándolas a casos individuales), y la eliminación de votos particulares que retrasen la publicación de sentencias si no se emiten en 10 días.
Además, se redefine el «interés legítimo» como requisito para promover un amparo, exigiendo probar una «lesión jurídica» específica —restricción, daño o perjuicio injustificado a derechos—, basada en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sheinbaum ha defendido la reforma como un medio para combatir abusos, citando casos como los más de 3,600 amparos contra bloqueos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre 2018 y 2025, que desbloquearon 27 mil millones de pesos en fondos presuntamente ilícitos, o demoras de hasta 20 años en ejecuciones de sentencias firmes.
Especialistas y opositores han alertado sobre riesgos en la definición de «interés legítimo», que podría restringir amparos colectivos promovidos por activistas ambientales, defensores de derechos humanos o grupos vulnerables, al exigir prueba de afectación directa e individual, lo que complicaría impugnar leyes con impacto generalizado.
Javier Laynez Potisek, ex-ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la calificó como «motivo de seria preocupación» por acotar el control constitucional y priorizar el «interés público» sobre derechos individuales, potencialmente facilitando mega-proyectos como el Tren Maya sin contrapesos judiciales. Ricardo Anaya, panista, la tildó de «barbaridad» por eliminar efectos generales de sentencias, beneficiando solo a quienes puedan litigar. El PRI, a través de Manuel Añorve y Rubén Moreira, la rechazó como un instrumento «a modo» para proteger al Estado y no al ciudadano, mientras analistas como Camila Saavedra del IIJ-UNAM advierten de un retroceso en la protección de derechos colectivos, contrario a tratados internacionales. En redes sociales, como X, predomina la crítica, con usuarios y juristas como Leonardo Abarca J. destacando limitaciones a suspensiones y exclusiones en materias fiscales y electorales.
A pesar de las divisiones internas en Morena —donde Javier Corral y senadores como Guadalupe Chavira y Óscar Cantón Zetina impulsan consultas amplias, chocando con la urgencia de Adán Augusto por una aprobación rápida—, el gobierno insiste en que la reforma fortalece el amparo al equilibrar derechos individuales con colectivos, reduciendo impunidad y eliminando privilegios de elites fiscales, como en el caso de Ricardo Salinas Pliego con deudas superiores a 70 mil millones de pesos. Arturo Zaldívar, en la mañanera del 19 de septiembre, defendió la propuesta como «indispensable» para una justicia digital y eficaz, citando abusos como amparos no solicitados a nombre de los hijos de AMLO.
Sheinbaum reiteró que no se limita el acceso a la justicia, sino que se evita su uso para sabotear políticas públicas, como en la distribución de libros de texto. Estos conversatorios podrían mitigar tensiones, pero analistas dudan de su impacto real, dada la mayoría calificada de Morena y aliados, que facilitaría la aprobación sin modificaciones sustanciales, en un contexto de mayor escrutinio a la agenda judicial de la Cuarta Transformación.
