Ciudad de México.- María Elena Pérez Jaén, ex-diputada federal suplente por el Partido Acción Nacional (PAN), presentó el 22 de septiembre una solicitud de juicio político contra Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, con el objetivo de retirarle el fuero constitucional y someterlo a una investigación penal. En su calidad de ciudadana, tras dejar su cargo legislativo, Pérez Jaén acudió a la oficialía de partes de la Cámara de Diputados para formalizar la demanda, argumentando que López Hernández incurrió en actos y omisiones que favorecieron al crimen organizado durante su gubernatura en Tabasco (2019-2021).
La acusación se centra en presuntos delitos como tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento, derivados de su supuesta relación con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública estatal y presunto líder del grupo criminal «La Barredora». Pérez Jaén adjuntó como evidencia reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados por el colectivo Guacamaya en 2022, que datan de febrero y marzo de 2021 y alertaban sobre las actividades ilícitas de Bermúdez y su célula, las cuales habrían sido ignoradas por el entonces gobernador.
El detonante de esta solicitud fue la reciente detención de Hernán Bermúdez Requena, apodado «Comandante H», quien fue capturado en Paraguay el 15 de septiembre mediante una operación conjunta entre autoridades mexicanas y paraguayas, y extraditado a México dos días después. Bermúdez, quien fungió como secretario de Seguridad en Tabasco bajo el mandato de López Hernández, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 «Altiplano» en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, secuestro y extorsión, entre otros.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo vincula directamente con «La Barredora», un grupo delictivo originario de Tabasco que se dedica al narcomenudeo, extorsiones y disputas territoriales con otros carteles como el de Sinaloa. Pérez Jaén sostiene que, como superior jerárquico, López Hernández tenía conocimiento pleno de estas actividades y no solo omitió actuar, sino que presuntamente prestó auxilio al encubrimiento, permitiendo que Bermúdez operara con impunidad. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados analizará la viabilidad de la demanda en los próximos días, aunque analistas dudan de su prosperidad dada la mayoría calificada de Morena y aliados en el Congreso.
Adán Augusto, dice que es ataque político
En respuesta a las imputaciones, Adán Augusto López Hernández ha negado categóricamente cualquier vínculo con grupos criminales, afirmando que «no tengo relación alguna con actividades ilícitas» y que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad para aclarar su inocencia. El senador tabasqueño, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha calificado la solicitud como un «ataque político» orquestado por la oposición, y ha recordado que durante su gestión en Tabasco se impulsaron estrategias de seguridad que redujeron índices delictivos en la entidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado a López Hernández, declarando que «hasta ahora nada incrimina a Adán Augusto con el caso de Bermúdez Requena», y enfatizando que las investigaciones deben basarse en pruebas sólidas, no en filtraciones o especulaciones. Esta defensa se enmarca en un contexto de mayor escrutinio a figuras de Morena por presuntos nexos con el crimen organizado, similar al caso de García Luna, y podría escalar tensiones internas en el partido gobernante.
Paralelamente, López Hernández enfrenta un frente interno en el Senado, donde a un año de asumir la coordinación de la bancada de Morena, un grupo de al menos 13 senadores le exige transparencia en el manejo de 338 millones 297 mil pesos recibidos en subvenciones para el grupo parlamentario, compuesto por 67 integrantes. Durante una reunión a puerta cerrada el jueves 18 de septiembre de 2025, los legisladores, liderados por figuras como María Guadalupe Chavira, denunciaron opacidad total en el uso de estos fondos, ya que ninguno ha recibido informes detallados sobre su destino.
Señalaron desigualdades notorias, como el gasto excesivo en el informe anual de la senadora Andrea Chávez Treviño, que superó los 200 mil pesos asignados uniformemente a cada legislador para sus actividades, lo que ha generado percepciones de favoritismo y trato inequitativo. Esta rebelión interna marca la primera vez que un sector de la bancada vota en contra de las decisiones unilaterales de López Hernández.
La inconformidad escaló al punto de obligar al coordinador a renunciar a su intención de imponer «dedazos» en la designación de presidentes de comisiones, particularmente en la Comisión de Energía, donde pretendía colocar a aliados cercanos. Los senadores rebeldes votaron por un proceso más democrático, exigiendo que a partir del jueves 25, todas las propuestas de nombramientos sean sometidas a valoración colectiva de la bancada, conforme a los estatutos internos de Morena que priorizan el consenso y la votación.
López Hernández minimizó el episodio, describiéndolo como una «discusión normal» que se resolvió con diálogo, pero fuentes internas describen la sesión como tensa y reveladora de fisuras crecientes. Este episodio coincide con el anuncio reciente de un plan de austeridad para el Senado en 2026, propuesto por el propio López, que incluye recortes de hasta 500 millones de pesos en viajes internacionales y salarios de senadores, aunque no aborda directamente la rendición de cuentas en subvenciones pasadas. Estas presiones internas y externas podrían debilitar su posición como líder parlamentario y candidato potencial en futuras elecciones dentro de Morena.
