La Torre Centinela en el juego político
La inauguración parcial de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, restringida a apenas cuatro de sus veinte niveles, se perfila menos como un hito de infraestructura criminalística y más como un despliegue de escenografía política. En un estado donde los índices de violencia exigen soluciones integrales y no cortes de listón apresurados, la entrega de una obra al 93 por ciento de su avance físico delata una urgencia que no es operativa. El secretario de Seguridad Publica del Estado Gilberto Loya Chávez parece haber canjeado la planeación técnica por el pragmatismo electoral, utilizando el edificio más costoso en la historia de Chihuahua como la plataforma de lanzamiento para una precampaña que ya no se molesta en ocultar sus costuras.
Maru poniendo piedritas
Detrás de la narrativa de la inteligencia artificial y los muros de concreto, se gesta un movimiento telúrico en la estructura del panismo chihuahuense. Observadores políticos coinciden en que el empoderamiento de Loya no es un fenómeno aislado, sino una pieza colocada estratégicamente en el tablero por la propia gobernadora Maru Campos. Al inflar la figura del titular de seguridad, el Palacio de Gobierno parece buscar la creación de un contrapeso artificial que opaque el crecimiento natural del alcalde Marco Bonilla, quien hasta hace poco navegaba como el sucesor indiscutible hacia 2027.
La construcción de un obstáculo
Esta maniobra de apuntalar a un «caballo negro» desde el gabinete estatal empieza a ser vista como una piedra en el camino diseñada específicamente para frenar al puntero de las encuestas. La historia reciente de Chihuahua advierte que cuando un gobernante intenta manipular la balanza sucesoria mediante la imposición de perfiles o el bloqueo de liderazgos consolidados, el resultado suele ser la fractura del partido y el debilitamiento de la institución. Loya, más que un gestor de la paz, está asumiendo el rol de un ariete político en una guerra de guerrillas interna que apenas comienza.
El fantasma de la persecución política
Resulta paradójico que sea la actual administración la que replique tácticas de obstrucción política que evocan los capítulos más oscuros del sexenio anterior. El antecedente es ineludible: Javier Corral intentó desesperadamente descarrilar la candidatura de Maru Campos, utilizando incluso el aparato judicial para intentar encarcelarla y evitar su ascenso al poder. Aquella resistencia de Campos ante el autoritarismo de su predecesor fue lo que forjó su identidad política, una lección de resiliencia que hoy parece haber quedado en el olvido dentro de los despachos donde se diseñan las estrategias de exclusión.
La fragilidad de la omnipotencia
El riesgo para la gobernadora radica en sucumbir a la tentación de sentirse el fiel de la balanza, una figura omnipotente capaz de decidir quién hereda el mando sin considerar la voluntad de la base militante o el desempeño real de sus funcionarios. Ignorar su propia experiencia como víctima de un sistema que intentó cerrarle el paso es un error histórico que podría costarle caro. Al intentar imponer a Loya a través de inauguraciones simbólicas y presupuestos multimillonarios, se corre el peligro de subestimar la memoria de un electorado que castiga la arrogancia del poder centralizado.
Inversión pública bajo sospecha
Los más de cuatro mil millones de pesos invertidos en la Plataforma Centinela adquieren un matiz distinto bajo esta lupa. Si bien la tecnología es necesaria, el uso de estos recursos para alimentar la imagen de un solo hombre convierte a la política de seguridad en una mercancía de promoción personal. La apertura de solo cuatro pisos es la prueba fehaciente de que el tiempo de la política electoral corre más aprisa que el tiempo de la obra civil; se inaugura lo que se tiene, no porque sea funcional, sino porque el calendario de posicionamiento así lo exige para no perder terreno frente a los rivales internos.
El desgaste de la figura de Loya
Por otro lado, la exposición mediática constante de Gilberto Loya, tolerado desde el aparato estatal, lo coloca en una posición vulnerable. Al vincular su éxito político directamente al funcionamiento de la Torre Centinela, cualquier falla en el sistema o repunte en la violencia se leerá no como un tropiezo administrativo, sino como un fracaso en sus aspiraciones de gobernador. La seguridad pública es un terreno fangoso para construir candidaturas, y el apresuramiento por habitar un edificio inconcluso podría terminar siendo la evidencia de una ambición que desbordó la prudencia.
Hacia un desenlace de fractura
En última instancia, el panismo de Chihuahua se encamina a una prueba de fuego donde la lealtad y la democracia interna estarán en juego. La insistencia en presentar a Loya como el gran policía del estado, a costa de minar otras opciones legítimas, sugiere que el grupo en el poder no ha aprendido la lección de la historia local. Si la gobernadora persiste en utilizar su influencia para tejer una sucesión a modo, corre el riesgo de repetir el ciclo de división que tanto criticó, transformándose en aquello que una vez combatió con éxito desde la oposición interna.
Rosana Díaz ya Chapulineo
La gestión legislativa de Rosana Díaz en el Congreso de Chihuahua ha estado marcada por una serie de decisiones que, lejos de la disciplina partidista, revelan un perfil de autonomía que ha fracturado su relación con la bancada de Morena. Su historial de votaciones muestra una tendencia a apartarse de las consignas de grupo en momentos críticos para la administración estatal, lo que ha generado un vacío de representatividad para los electores que votaron por ella y por Morena. Este distanciamiento alcanzó su punto más álgido con su ausencia deliberada en votaciones clave sobre el endeudamiento público por 3 mil millones, una maniobra que facilitó el camino a las propuestas del ejecutivo estatal y que dejó en evidencia una falta de compromiso con la plataforma política que la llevó al cargo.
El costo político de la ausencia
El análisis de su desempeño en el pleno sugiere que sus votos, o la falta de ellos, han servido más como herramientas de negociación personal que como instrumentos de servicio a su distrito en Ciudad Juárez o de su partido. Al ausentarse de sesiones donde se definían presupuestos millonarios y créditos a largo plazo, la diputada no solo eludió su responsabilidad legislativa, sino que también otorgó una victoria táctica a sus adversarios políticos. Esta conducta ha sido interpretada por diversos sectores como una forma de colaboracionismo pasivo, donde el silencio y la inasistencia se convierten en el recurso más valioso para permitir el avance de iniciativas que, en teoría, contravenían los principios de austeridad y fiscalización que prometió defender.
Ruptura definitiva con el guinda
Como consecuencia natural de estas discrepancias, su salida de la bancada de Morena es ya un hecho consumado como se comenta en los pasillos del poder legislativo. La relación, desgastada por acusaciones mutuas con el líder de la bancada Cuauhtémoc Estrada Sotelo y procesos internos de sanción, ha llegado a un punto de no retorno que deja a la legisladora en una posición de vulnerabilidad política ante su base electoral original, que francamente es lo que menos parece importarle. Su salida no representa solo la pérdida de un escaño para el grupo de Morena, sino el cierre de un ciclo donde la falta de congruencia entre el discurso de campaña y el ejercicio del voto terminó por invalidar su permanencia en un proyecto que demanda lealtad ideológica por encima de intereses particulares.
Inminente su integración al Verde
En este escenario de reconfiguración de fuerzas, la entrada de Rosana Díaz a la bancada del Partido Verde Ecologista de México, se maneja como un hecho desde el pasado viernes tres de abril, sin embargo se mantiene como una versión por confirmarse oficialmente. Aunque las señales políticas apuntan a que esta sería su nueva plataforma para conservar influencia legislativa, este posible movimiento subraya el pragmatismo que ha caracterizado su carrera reciente. De concretarse esta integración, la diputada buscaría refugio en un aliado satélite que le permita mantener sus privilegios parlamentarios sin las restricciones disciplinarias que enfrentó anteriormente, aunque con el estigma de ser una figura que prioriza la supervivencia política sobre la consistencia e integridad personal y política.
