Ciudad Juárez, Chih.- La situación de las personas desaparecidas en el estado de Chihuahua, México, refleja una crisis humanitaria de gran magnitud, con un total de 4,694 reportes de personas desaparecidas o no localizadas entre 1965 y el 18 de agosto de 2025, según datos del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN). De estos casos, 1,181 se concentran en Ciudad Juárez, lo que posiciona a este municipio como el más afectado en la entidad. A continuación, se amplía la información con un análisis detallado basado en los datos disponibles y el contexto proporcionado
Carla Palacios Flores, coordinadora del CDHPN, en declaraciones a La Verdad Juárez, afirmó lo anterior. Por otra parte, los casos de desaparición forzada han mostrado un incremento notable desde la pandemia por COVID-19. Este fenómeno se atribuye a diversos factores, como el aumento de la violencia relacionada con el crimen organizado, la falta de políticas efectivas de prevención y la precariedad en los procesos de búsqueda e investigación.
La problemática afecta de manera desproporcionada a ciertos sectores de la población, incluyendo hombres jóvenes, mujeres, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTI, personas con discapacidad o neurodivergentes, y migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. En particular, Ciudad Juárez es un punto crítico debido a su ubicación fronteriza, donde operan grupos delictivos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez, que han sido señalados por interceptar y victimizar a migrantes.
Palacios Flores destaca que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no ha actualizado sus protocolos ni ha implementado las categorías establecidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que distingue entre personas desaparecidas (presunción de un delito) y no localizadas (sin presunción de delito). Esta omisión dificulta la investigación adecuada y la asignación de recursos, ya que los casos no clasificados como delitos no generan presión para obtener resultados.
La falta de clasificación adecuada de los casos también tiene un impacto presupuestal, ya que los recursos no se destinan de manera eficiente a la búsqueda e investigación. Esto se agrava por la ausencia de una perspectiva de derechos humanos y de género en los casos de grupos vulnerables, dejando a las víctimas en una situación de mayor desprotección.
Aunque la Comisión Local de Búsqueda (CLB) y la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada realizan operativos, como rastreos en municipios como Parral, Jiménez y Casas Grandes, los resultados son insuficientes frente a la magnitud del problema. Por ejemplo, se han localizado restos óseos y fosas clandestinas, pero la identificación de víctimas sigue siendo un desafío debido a la falta de recursos forenses especializados.
Acciones de la Sociedad Civil
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte ha acompañado casos de desaparición forzada y tortura durante más de 20 años, desempeñando un papel crucial en la visibilización de la crisis y el apoyo a las familias. La organización ha documentado el aumento de desapariciones, especialmente de hombres jóvenes en contextos de adicción y personas en movilidad (migrantes).
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), el CDHPN y colectivos de familias organizaron eventos en Chihuahua y Ciudad Juárez, como la develación de placas en el antimonumento «Plasmando Esperanzas» en la Plaza de la Justicia y actividades como «Cartas al cielo» en el Memorial Permanente de Personas Desaparecidas en el Parque Borunda. Estas acciones buscan exigir verdad, justicia y mantener viva la memoria de las víctimas.
A nivel nacional, México enfrenta una crisis de más de 115,000 personas desaparecidas, aunque esta cifra podría ser mayor debido al subregistro por temor a represalias. En comparación con otras zonas fronterizas, Chihuahua tiene una situación particularmente grave. Por ejemplo, Tijuana (Baja California) registra 2,300 casos y Reynosa (Tamaulipas) 1,200 casos entre 2006 y 2024, mientras que Ciudad Juárez acumula 1,457 casos hasta agosto de 2024.
La ubicación de Chihuahua, especialmente Ciudad Juárez, como ruta de tránsito migratorio y zona de operación de cárteles, agrava la problemática. Además, actividades como la minería y el tráfico de drogas en el Triángulo Dorado (que incluye municipios como Hidalgo del Parral) generan desplazamiento forzado y desapariciones.
Casos Específicos y Avances
La Fiscalía General del Estado ha reportado algunos avances, como la localización de 184 personas en los primeros cuatro meses de 2025, incluyendo menores, adultos mayores y migrantes. Ejemplos destacados incluyen una joven panameña encontrada en Ciudad Juárez y una familia de cinco personas localizada en Delicias. Sin embargo, estos casos representan solo una fracción del total, y muchos expedientes permanecen abiertos desde años atrás.
Casos de larga data, La CLB mantiene activa la búsqueda de personas desaparecidas desde hace años, como Adrián Favela Márquez y Adriel Alonso Ávila Barrios, desaparecidos en 2012, y 13 migrantes cuyo paradero se desconoce desde su paso por Chihuahua. Se ofrecen recompensas, como los 200,000 pesos por información sobre Favela y Ávila.
La crisis de las 4,694 personas desaparecidas en Chihuahua, con un enfoque particular en los 1,181 casos de Ciudad Juárez, evidencia una problemática estructural que combina violencia, crimen organizado, vulnerabilidad de ciertos grupos y una respuesta institucional limitada. A pesar de los esfuerzos de la Fiscalía y la CLB, la falta de recursos, protocolos actualizados y perspectiva de derechos humanos obstaculiza avances significativos. Organizaciones como el CDHPN y los colectivos de familias continúan siendo fundamentales en la exigencia de justicia, verdad y reparación, mientras que la sociedad civil y las autoridades deben trabajar de manera coordinada para enfrentar esta emergencia humanitaria.
