Un viaje para la foto
La reunión entre Marco Bonilla y Esteban Moctezuma es el clásico teatro político mexicano: foto, comunicado optimista y la promesa de “abrir puertas en Washington” que lleva décadas repitiéndose sin que esas puertas se abran de verdad. Lo que no dice el alcalde es que la voz de Chihuahua ya lleva años gritando en el desierto y que los únicos que realmente la escuchan son los coyotes y los cárteles que se benefician del caos migratorio y la inseguridad. El de Bonilla fue un vial¡je ritual, solo benéfico para su imagen pública ahora que anda en precampaña, pero la realidad es que el estado sigue siendo rehén de decisiones que se toman a 2,500 kilómetros de distancia y sin que nadie en el gobierno federal mueva un dedo más allá de las selfies diplomáticas.
¿”Canales directos en Washington”?
El alcalde celebra que el embajador Moctezuma le “abra puertas” como si Chihuahua fuera una ONG necesitada de caridad gringa en lugar de la quinta economía del país y principal exportador manufacturero de México. Mientras Bonilla pide audiencias en la capital estadounidense, los empresarios locales siguen pagando los platos rotos de una política comercial que vapulea desde Washingon Donald Trump. Resultado: inversión extranjera cayendo, plantas maquiladoras reduciendo turnos y la gobernadora Campos Galván haciendo mutis por el foro porque, total, la foto con el embajador ya se la tomó el presidente municipal panista.
Chihuahua: deuda en aumento
Aunque el gobierno estatal presume una supuesta recuperación financiera, la solicitud de un nuevo crédito por 3 mil millones de pesos revela la realidad: la deuda pública no ha dejado de crecer. El coordinador de Morena, Cuauhtémoc Estrada, pone el dedo en la llaga al exigir las tres preguntas básicas que el Ejecutivo se niega a responder con claridad: ¿cuánto debía el estado en 2021, cuánto debe hoy y cuánto deberá si se aprueba este nuevo empréstito? La opacidad en estas cifras no es casualidad; es la cortina de humo perfecta para ocultar que, lejos de abatir el endeudamiento, la administración actual lo está incrementando de manera sistemática mientras vende la narrativa de “finanzas sanas”.
Reestructuración fallida
En 2022, sin el voto de Morena, el Congreso aprobó una reestructuración de la deuda que, según el gobierno, daría “estabilidad financiera” por varios años. Apenas tres años después, la misma administración regresa con la mano extendida pidiendo otro crédito y, de paso, propone refinanciar un bono cupón cero por 637 millones de pesos… ¡con un plazo de 25 años! Es decir, los chihuahuenses de 2050 seguirán pagando decisiones de hoy. Lo que vendieron como solución mágica en 2022 se convirtió en un parche temporal que ahora requiere más deuda para tapar los agujeros. La incongruencia es evidente: si la reestructuraste para “dar estabilidad”, ¿por qué vuelves tan rápido por más dinero y extiendes los plazos hasta la eternidad?
Impuestos al alza y deuda al infinito
Mientras el gobierno pide facultades para endeudar más al estado, simultáneamente propone aumentar el Impuesto Sobre Nómina y destina capítulos opacos al “fortalecimiento financiero”, eufemismo que suele encubrir pagos de intereses o rescate de proyectos fallidos. El mensaje es claro: los ciudadanos pagarán más impuestos hoy para que el gobierno siga gastando mañana y las siguientes generaciones carguen con la deuda. Lejos de demostrar con datos verificables que las finanzas mejoran, el Ejecutivo prefiere esconder las cifras reales y apostar por la estrategia de siempre: pedir prestado, aumentar impuestos y patear el problema al futuro. El descaro radica en llamar a esto “responsabilidad fiscal”.
Al frente de la ASER por 14 años
La ratificación de Héctor Alberto Acosta Félix como titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua por otros siete años (hasta 2032) consolida un modelo de continuidad institucional que, en el contexto del Sistema Estatal Anticorrupción, puede leerse de dos formas antagónicas. Por un lado, su perfil técnico —egresado de la UACH, maestro en Derecho Administrativo, excoordinador de más de 200 órganos internos de control en la SFP y con experiencia directa en CFC, Sener y Pemex— garantiza estabilidad y memoria institucional en un organismo que ha sido clave para destapar irregularidades en administraciones anteriores, especialmente de Corral y de Duarte. Sin embargo, esa misma prolongación de 14 años consecutivos en el cargo (2018-2032) genera legítimas suspicacias sobre la verdadera independencia del auditor frente al Congreso local, pues la reelección indefinida —aunque legal— diluye el espíritu original de la reforma anticorrupción de 2015 que buscaba rotación y contrapesos reales.
Los riesgos de la continuidad
El proceso de selección, realizado mediante terna del Panel de Especialistas y votación por cédula el 27 de noviembre de 2025, cumplió formalmente los requisitos constitucionales, pero volvió a evidenciar la debilidad estructural del mecanismo: al final, la última palabra la tiene el Pleno legislativo, donde el PAN y sus adlateres cuentan con mayoría calificada. En un estado donde la ASE ha sido históricamente utilizada como arma política (tanto por el PRI en su momento como por el PAN contra César Duarte), mantener al mismo auditor durante tres gubernaturas consecutivas (Corral-Campos Galván-¿…?) corre el riesgo de convertir a la institución en un ente domesticado que fiscalice selectivamente según conveniencias del poder en turno. La amplia trayectoria de Acosta Félix le da legitimidad técnica, pero la ausencia de alternancia real en el cargo termina por erosionar la percepción ciudadana de que Chihuahua cuenta con un verdadero contrapeso autónomo en materia de rendición de cuentas.
