Ciudad de México. — La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó al sistema financiero mexicano el bloqueo de recursos bancarios del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su hijo Rubén Rocha Ruiz y otras personas vinculadas a acusaciones de Estados Unidos por presunta colusión con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con fuentes del ecosistema financiero consultadas por El Economista, desde la semana pasada la UIF giró instrucciones a bancos y casas de bolsa para incorporar a los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Esta medida implica la inmovilización inmediata de cuentas, transferencias, inversiones y otros servicios financieros.
Detalles del cerco financiero
La acción alcanza no solo a Rocha Moya y su hijo, sino también a otras nueve personas señaladas por autoridades estadounidenses, entre ellas el senador Enrique Inzunza Cázarez y funcionarios o exfuncionarios sinaloenses. El abogado Salvador Mejía ha sido una de las principales voces en difundir la información, confirmando que los bancos ya habían sido notificados y estaban preparados para ejecutar el bloqueo preventivo.
Esta medida se da en el marco de las graves acusaciones de la Fiscalía de Nueva York, que vincula a los involucrados con operaciones financieras ilícitas y colaboración con el Cártel de Sinaloa, organización designada como grupo terrorista por EE.UU. Las posibles penas para los acusados van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Hasta el momento, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.) aún no ha integrado oficialmente a Rocha Moya en su lista negra, pero la UIF actuó de manera preventiva, aprovechando sus facultades para bloquear operaciones ante sospechas razonables de actividades ilícitas.
Reacciones y contexto
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró este viernes que “no tiene mayor conocimiento” sobre el bloqueo, pese a que la UIF depende de la Secretaría de Hacienda. La mandataria señaló que el área técnica procede cuando detecta irregularidades.
Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador a inicios de mayo. La oposición, incluido el PAN, había demandado previamente a la UIF el congelamiento de cuentas para evitar posibles maniobras de lavado o ocultamiento de activos.
No hay confirmación oficial de la UIF ni de la Secretaría de Hacienda sobre los nombres exactos en la lista bloqueada, aunque múltiples fuentes financieras y periodísticas coinciden en los alcances del cerco. La FGR también investiga los señalamientos internacionales.
Esta acción representa un endurecimiento del cerco financiero contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, en medio de la presión binacional por presuntos nexos con el crimen organizado. Se espera que en las próximas horas o días haya más detalles sobre el impacto en los bienes y operaciones de los afectados.
