Los Ángeles, California.- A pesar de las promesas de deportaciones masivas para elevar salarios y lograr una fuerza laboral «100% estadounidense», la administración ha reconocido que sus políticas migratorias han agravado la falta de trabajadores en el campo. En respuesta, ha implementado reformas al programa de visados temporales H-2A, facilitando la contratación de migrantes extranjeros y reduciendo costos para los agricultores.
El Departamento de Trabajo ajustó el cálculo de salarios para trabajadores H-2A, bajando las tarifas horarias entre 1 y 7 dólares según el estado, e incorporó el alojamiento como parte de la compensación. Estas medidas, vigentes desde octubre de 2025, buscan aliviar las cargas económicas del sector, según Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, quien destacó que el presidente Trump usa «todas las herramientas disponibles» para apoyar a los agricultores en una economía complicada.
Muchos productores celebran los cambios. Bruce Talbott, dueño de un huerto de melocotones y viñedo en Colorado, lleva más de una década usando H-2A y emplea entre 40 y 50 trabajadores invitados, mayoritariamente mexicanos recurrentes. Afirma que la mano de obra local es escasa para trabajos estacionales y duros, y que sin estos visados perdería cosechas enteras.
Sin embargo, los cambios enfrentan fuerte oposición. La Unión de Campesinos de América demandó al gobierno, argumentando que desplazan a trabajadores estadounidenses y reducen sus salarios. Teresa Romero, presidenta del sindicato, advirtió que aumentará la vulnerabilidad de los migrantes a abusos y trata. Mark Krikorian, del Centro de Estudios sobre Migración, criticó que fomentan más migración extranjera y frenan la automatización, contradiciendo los objetivos oficiales.
Datos oficiales muestran el impacto: en 2025, solo 182 de más de 415,000 puestos anunciados recibieron solicitudes de estadounidenses. El programa H-2A creció de 50,000 certificaciones en 2005 a casi 400,000 en 2025, representando el 15% de la fuerza laboral agrícola.Trabajadores locales como María, con casi 30 años en los campos de Idaho, han perdido horas y ven sus ingresos caer de 17 a 11 dólares por hora. Economistas como Philip Martin, de la Universidad de California Davis, sostienen que bajar salarios no atrae a más estadounidenses al campo, sino que aumenta la dependencia de migrantes, mecanización o importaciones de alimentos.
El debate revela tensiones entre reducir migración, mantener bajos precios de alimentos y proteger trabajadores locales, objetivos que chocan en la práctica. Mientras, el Congreso analiza reformas bipartidistas para agilizar y ampliar H-2A, incluso con vías de legalización para indocumentados ya presentes.
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