Washington, D.C. — El presidente estadounidense Donald Trump ha declarado con firmeza que el crudo venezolano ahora está bajo control de Estados Unidos, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y la incautación de buques tanque sancionados. Sin embargo, una parte importante de esas reservas y envíos pertenece a China, según contratos firmados hace años con el gobierno de Caracas, lo que complica la estrategia geopolítica de Washington y abre la puerta a delicadas negociaciones diplomáticas.
Expertos consultados por la Associated Press indican que empresas estatales chinas como China National Petroleum Corp. (CNPC) y Sinopec tienen derechos sobre 4,400 millones de barriles de reservas petroleras en Venezuela, la cifra más alta para cualquier nación extranjera, de acuerdo con un análisis de Morgan Stanley. Esta participación se deriva de acuerdos de préstamo por petróleo que Beijing otorgó a Caracas entre 2000 y 2023, por un total de unos 106.000 millones de dólares, según datos de AidData.
Venezuela adeuda a China al menos 10,000 millones de dólares, deuda que Maduro pagaba mediante envíos directos de crudo. Con la intervención estadounidense, el gobierno interino —alineado con las exigencias de Washington— podría cuestionar la legalidad de esos contratos y suspender los pagos, generando un riesgo significativo para los intereses chinos.
El secretario de Energía, Chris Wright, ha señalado que EE.UU. manejará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”, depositando los ingresos en cuentas controladas por Washington para, eventualmente, beneficiar al pueblo venezolano. La administración planea iniciar con la comercialización de entre 30 y 50 millones de barriles almacenados en el país. Un funcionario anónimo del gobierno enfatizó que el objetivo es reducir la “influencia externa adversaria” en el hemisferio occidental, en clara alusión a Beijing.
Esta movida se produce en un contexto de frágil tregua comercial entre Trump y Xi Jinping, acordada a finales de 2025 y que incluye una visita prevista del presidente estadounidense a Beijing en abril. Analistas como Craig Singleton, del Foundation for Defense of Democracies, creen que Trump evitará convertir Venezuela en un punto de fricción mayor con China, priorizando la estabilidad en las relaciones bilaterales.
Beijing ha reaccionado con dureza: el Ministerio de Comercio condenó la “interferencia” estadounidense y afirmó que la cooperación económica con Venezuela, como acuerdo entre estados soberanos, está protegida por el derecho internacional. “La voluntad de China de profundizar esta cooperación no cambiará”, declaró un portavoz.
Aunque el petróleo venezolano representa solo un pequeño porcentaje de las importaciones chinas —que Beijing ha diversificado hacia otras fuentes y la electrificación—, la pérdida de influencia en Caracas representa un revés estratégico para el gigante asiático en su patio trasero estadounidense.
La situación recuerda el caso libio tras la caída de Muamar Gadafi en 2011, cuando empresas chinas perdieron miles de millones en inversiones. En Venezuela, las apuestas de Beijing van más allá del crudo: incluyen telecomunicaciones, ferrocarriles y puertos, todos en riesgo según informes de firmas como Jefferies.
Trump ha insistido en que su intervención busca contrarrestar la presencia china y rusa en la región, alineándose con la Estrategia de Seguridad Nacional de su administración. Mientras tanto, el futuro de los envíos y deudas pendientes dependerá de las negociaciones que se avecinan, en un delicado equilibrio entre poderío energético, deuda bilateral y la tregua comercial global.
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