HOUSTON, TX – En un fallo trascendental que redefine la política migratoria en Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito dictaminó que el gobierno federal posee la autoridad legal para detener a inmigrantes indocumentados de manera indefinida y sin derecho a fianza, independientemente de su arraigo o historial penal.
La decisión, aprobada con una mayoría de 2-1, respalda la interpretación de la administración federal sobre la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La jueza de circuito Edith H. Jones, autora de la opinión mayoritaria, sostuvo que los extranjeros no admitidos que sean aprehendidos en cualquier punto del territorio nacional no son elegibles para la libertad bajo fianza. «Que administraciones anteriores decidieran usar menos que su plena autoridad no significa que carecieran de ella», subrayó Jones.
Un giro en el precedente legal
Este fallo revierte una práctica de casi tres décadas. Bajo gobiernos anteriores, los no ciudadanos sin antecedentes penales arrestados lejos de la frontera solían acceder a audiencias de fianza si no representaban un riesgo de fuga. Sin embargo, la actual política de detención obligatoria elimina esta discrecionalidad, afectando incluso a residentes de larga duración.
El caso surge de la demanda de dos ciudadanos mexicanos con más de una década en el país. Pese a carecer de récords criminales, permanecieron encarcelados meses antes de que un tribunal de Texas les concediera inicialmente una fianza, decisión que ahora queda sin efecto tras el fallo del panel.
Disenso y reacciones
En una postura opuesta, la jueza Dana M. Douglas emitió un voto particular disidente, argumentando que la medida constituye una «legislación por decreto ejecutivo». Douglas advirtió que esta política impacta directamente a familias de ciudadanos estadounidenses y cuestionó si el Congreso realmente pretendía exigir la detención masiva de millones de personas sin revisión judicial.
Por su parte, la fiscal general Pam Bondi celebró el dictamen como una victoria contra el «activismo judicial», asegurando que continuarán defendiendo la agenda de orden público en los tribunales federales.
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