Ciudad de México.- La Asociación Nacional de Transportistas de Carga (ANTAC) confirmó este domingo un paro total de actividades para este lunes 24 de noviembre, que incluirá el cierre simultáneo de carreteras federales en al menos 25 entidades del país, en una acción conjunta con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC). La medida, calificada como «sin precedentes» por los organizadores, responde a la falta de avances en mesas de diálogo con el gobierno federal, donde se han acumulado demandas por inseguridad vial, extorsiones y apoyo agrícola durante meses.
En una conferencia de prensa matutina, David Estévez Gamboa, líder de la ANTAC, enfatizó que el bloqueo iniciará a las 8:00 horas y se extenderá hasta nuevo aviso, con tomas de autopistas, aduanas en la frontera norte y oficinas gubernamentales. «No habrá paso para nadie, salvo ambulancias y vehículos de emergencia; pedimos a la ciudadanía no salir de casa para evitar riesgos», advirtió Estévez, al detallar que los operadores de carga no saldrán a las vías ni cargarán mercancía, lo que podría paralizar el abasto de bienes en regiones clave. Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación de la ANTAC, agregó que por razones de seguridad, la logística precisa se revelaría solo horas antes, pero confirmó afectaciones en Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Guanajuato, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, entre otros estados productores.
Las exigencias centrales giran en torno a la ola de violencia en carreteras, que según datos de la ANTAC registró un incremento del 16 por ciento en robos durante el primer semestre de 2025, con 26 mil incidentes —equivalentes a un asalto cada 47 minutos—. Chumacero denunció extorsiones sistemáticas por parte de elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, que exigen cuotas a los choferes bajo amenaza de retención de vehículos. «Esto no solo afecta a transportistas, sino a miles de ciudadanos que dependen del flujo de mercancías; el gobierno debe actuar ya contra esta corrupción enquistada», afirmó la vocera, quien también criticó la burocracia en trámites como placas, licencias federales y citas médicas, usados como pretexto para presionar al sector.
El Frente Nacional para el Rescate del Campo se une con demandas paralelas: precios de garantía para maíz, frijol y otros cultivos, así como subsidios para insumos ante la crisis climática y la volatilidad de mercados. Líderes campesinos de Guanajuato y Chihuahua reportaron ya su adhesión, argumentando que sin transporte seguro, la cadena de producción colapsa. Esta alianza busca amplificar el impacto, recordando que bloqueos previos en octubre generaron pérdidas por 2 mil 800 millones de pesos, según la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
Desde Palacio Nacional, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) respondieron con un comunicado que insiste en el diálogo como vía principal. «Hemos sostenido múltiples mesas de trabajo y mantenemos apertura para resolver preocupaciones en seguridad, trámites y precios; los bloqueos afectan a terceros y al libre tránsito, generando riesgos innecesarios», se lee en el texto oficial, que urge a posponer acciones disruptivas. Sin embargo, la ANTAC descartó retrocesos: «Ni un paso atrás; hemos esperado lo suficiente», remató Chumacero, mientras choferes en redes sociales comparten testimonios de asaltos recientes para sensibilizar a la opinión pública.
El paro amenaza con alterar el transporte de alimentos y manufacturas en un fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, lo que podría encarecer productos básicos en supermercados. Expertos en logística prevén congestiones en puertos y aeropuertos como alternativas, pero advierten que el impacto económico podría superar los 5 mil millones de pesos si se prolonga. Mientras el sol se pone sobre la capital, el país contiene el aliento ante esta escalada de tensión entre un sector vital y un gobierno que apuesta por la negociación en medio de crecientes reclamos sociales.
