Todo empezó con «el caso Mayo»
Rubén Rocha Moya se convirtió en pieza sacrificable el 25 de julio de 2024, cuando el secuestro de Ismael Zambada García desató una crisis que desnudó las fragilidades de su administración y los límites de la protección de la 4T. La carta del Mayo, que desmontó la versión oficial del “entrega” y vinculó al gobernador con el operativo, marcó el inicio de un desgaste irreversible. Ni el respaldo inicial de AMLO ni el arropo de Claudia Sheinbaum lograron contener el daño político y de seguridad que aún sangra en Sinaloa.
Ausencias sospechosas
La coincidencia de que ni el gobernador, ni su principal operador Enrique Inzunza, ni el alcalde de Culiacán estuvieran en la entidad ese día crítico levanta preguntas incómodas sobre su nivel de información previa. Viajes programados a Los Ángeles, Canadá y vacaciones justo antes del secuestro sugieren, en el mejor de los casos, una despreocupación imperdonable; en el peor, un cálculo deliberado para evitar responsabilidades directas. La opacidad sobre estas ausencias sigue siendo una deuda con la verdad que el poder estatal y federal se resiste a saldar.
El costo de ignorar las señales
Sheinbaum tuvo dos momentos claros para corregir el rumbo: inmediatamente después de los hechos y durante las protestas masivas en Culiacán que exigieron la renuncia de Rocha. Optar por mantenerlo, bajando el volumen mediático y repartiendo apoyos federales, fue una decisión de corto plazo que acumuló costos estratégicos. La presidenta heredó un problema de narcopolítica que ahora regresa con fuerza desde las cortes estadounidenses y complica su relación con Washington.
La narrativa rota
La renuncia forzada de la fiscal Sara Bruna Quiñónez tras revelarse el montaje alrededor del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda confirmó que la versión oficial era insostenible. Ese momento reveló que el gobierno de Rocha operaba con la misma lógica de “disimulo” rural que el propio mandatario describe en su novela Badiraguato, pero aplicada a un cártel transnacional. Pretender gobernar un estado clave del narcotráfico con las viejas reglas del pacto implícito resultó un error estratégico de primera magnitud.
La ambición desmedida
A pesar del derrumbe de su imagen, Rocha intentó consolidar control interno de Morena impulsando a su ahijado político como candidato a gobernador. Esa jugada, ahora vista con ironía trágica, chocó contra la realidad de las acusaciones estadounidenses que señalan a Rocha, Inzunza y el propio aspirante como presuntamente vinculados al grupo de los Chapitos. La sobreconfianza en la impunidad interna terminó por aislarlo incluso dentro de su propio movimiento.
Interinato cuestionable
La designación de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina responde más a equilibrios internos de género y lealtades que a las urgencias de Sinaloa en plena crisis de seguridad, económica y política. La entidad requería experiencia probada y capacidad de interlocución con todos los poderes fácticos; en cambio, se priorizó un perfil que genera más dudas que certezas sobre su capacidad para estabilizar el barco.
Ganadores y perdedores
La presión estadounidense, potenciada por el regreso de Trump, coloca a Sheinbaum en una posición defensiva donde el caso Sinaloa se usa como palanca en temas de seguridad, migración y TMEC. La oposición encuentra oxígeno fresco para su narrativa de “narcogobierno”, mientras figuras como la senadora Imelda Castro emergen relativamente fortalecidas en la interna morenista. Rocha, mientras tanto, se ha convertido en el eslabón más débil de la cadena
El precio de Sinaloa
Mantener a Rocha a pesar de todo reflejó la prioridad de la 4T por preservar el control territorial sobre la rendición de cuentas. Ese cálculo político, sin embargo, ha prolongado el sufrimiento de una entidad golpeada por la violencia y la desconfianza. La pregunta que permanece es cuánto más costará a Sinaloa y al gobierno federal esta protección tardía a un gobernador que, por acción u omisión, terminó sepultado bajo el peso de los hechos que no pudo ni controlar ni explicar.
