Ciudad de México.- El diario estadounidense The New York Times mantuvo firme su investigación publicada en noviembre de 2023, que reveló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), entonces encabezada por Ernestina Godoy, solicitó registros telefónicos, mensajes y geolocalización de más de una docena de políticos opositores y aliados de Morena, bajo el pretexto de investigaciones por secuestros y desapariciones.
Tres reporteros del NYT investigaron durante meses el caso, basándose en expedientes judiciales derivados de una demanda presentada por el panista Santiago Taboada, uno de los afectados. Entre las figuras vigiladas figuran la senadora Lilly Téllez, el senador morenista Higinio Martínez, la activista Alessandra Rojo de la Vega y Horacio Duarte, entre otros. La empresa Telcel confirmó haber entregado datos en algunos casos, aunque negó órdenes judiciales para intervenciones prolongadas.
Tras la publicación, Godoy calificó los documentos como «apócrifos» y «falsos», negando cualquier espionaje político y anunciando una investigación interna por posible filtración o falsificación. Afirmó que la FGJCDMX no realiza tales prácticas y que se trataba de una campaña de desprestigio.
En respuesta directa, el NYT enfatizó que contactó previamente a la Fiscalía para obtener su versión, incluida en el reportaje original, pero que la información proporcionada por la oficina de Godoy «no desmiente» los hallazgos ni ofrece elementos convincentes para refutarlos. El diario subrayó la independencia de sus fuentes y la verificación de los documentos judiciales.
Este intercambio revivió críticas a Godoy, quien recientemente asumió como fiscal general de la República. Opositores como Lilly Téllez y el PAN exigieron en su momento su renuncia, acusándola de usar la institución para persecución política. El caso resalta preocupaciones sobre vigilancia indebida en México, en un contexto donde el país ha sido señalado por uso de herramientas como Pegasus.
El NYT defendió su trabajo periodístico, destacando que no se retractará ante las negativas oficiales sin evidencia contraria sólida.