Ciudad de México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su «lista negra» al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, a quien identifica como un facilitador clave del Cártel del Noreste (CDN). El litigante, que ha sido vinculado estrechamente con la cúpula y gobiernos estatales del partido Morena, es acusado de operar como intermediario para que líderes criminales mantengan el control de sus organizaciones desde prisión.
De acuerdo con el informe oficial emitido este 14 de abril de 2026, Penilla Rodríguez habría asistido directamente a Miguel Ángel Treviño Morales, alias «Z-40», exlíder de Los Zetas, sirviendo como enlace con la actual dirigencia del CDN y otros asociados delictivos. Esta labor de mensajería ilegal permitió la continuidad de operaciones transfronterizas y el sostenimiento de la empresa criminal a pesar del encarcelamiento de sus figuras principales.
El perfil del sancionado ha generado un fuerte sismo político debido a su recurrente presencia en eventos de Morena, donde ha sido fotografiado con altas figuras del movimiento, incluyendo a la actual presidenta Claudia Sheinbaum y el exdirigente Mario Delgado. Registros públicos indican que en enero de 2023 fue nombrado asesor honorífico por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y recientemente recibió un reconocimiento en el Senado de la República, del cual la bancada oficialista ya ha intentado deslindarse tras el anuncio de Washington.
La medida administrativa impuesta por el gobierno estadounidense implica el bloqueo total de sus activos en jurisdicción de EE. UU. y la prohibición para que ciudadanos o instituciones de ese país realicen transacciones financieras con él. Junto a Penilla, el Tesoro también sancionó al activista Jesús Raymundo Ramos Vázquez y a Eduardo Javier Islas Valdez, alias «Crosty», así como a los establecimientos Casino Centenario y Diamante por su presunta participación en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo.
Esta designación bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 coloca al abogado en una categoría de vigilancia reservada para actores que amenazan la seguridad nacional y los intereses financieros de los Estados Unidos. Mientras en México el personaje se mantenía activo en círculos políticos y de defensa legal de alto perfil, el Departamento del Tesoro advierte que su inclusión en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) es un paso definitivo para desarticular las redes de apoyo que permiten al narcotráfico infiltrar estructuras institucionales.
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