Ciudad de México.- La jueza Diana Selene Medina Hernández suspendió la audiencia de imputación contra María Amparo Casar López, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), prevista para el martes 16. La decisión también afectó a dos exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusados por el mismo delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. El caso gira en torno a una pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales otorgada a Casar desde octubre de 2004, tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien cayó del piso 12 de la torre Pemex. Aunque un dictamen pericial concluyó suicidio, se clasificó como accidente laboral, lo que habilitó el beneficio, estimado en más de 31 millones de pesos pagados indebidamente, según Pemex.
La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó la indagatoria en septiembre de 2024, tras una denuncia de Pemex en abril. La acusación alega que Casar promovió ilegalmente la autorización económica, mientras los exfuncionarios facilitaron el pago pese a las irregularidades. En mayo, un juez federal ordenó reactivar la pensión vía amparo, argumentando que su suspensión afectaba la subsistencia de Casar, quien recibe salario de MCCI.
Medina Hernández devolvió la solicitud a la FGR para que la presente ante un juez del Reclusorio Norte, donde Gerardo Alarcón López ya autorizó diligencias en junio de 2024. Criticó la «falta de diligencia» en el Reclusorio Oriente, advirtiendo sanciones por omisiones que perjudican a los justiciables.
Casar, crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, denunció persecución política: «Tomó una tragedia familiar para mentir y lucrar». La FGR, bajo Ernestina Godoy, niega sesgos y analiza la indagatoria «conforme a derecho». La presidenta Claudia Sheinbaum remitió el tema a la Fiscalía, recordando su origen en las mañaneras de AMLO.
El proceso podría retomarse en 2026, con posibles penas de 6 meses a 12 años de prisión. Pemex busca recuperar los fondos y fincar responsabilidades. MCCI y aliados como el Instituto de Estudios para la Transición Democrática solidarizaron con Casar, calificando el caso de «persecución».
La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó la indagatoria en septiembre de 2024, tras una denuncia de Pemex en abril. La acusación alega que Casar promovió ilegalmente la autorización económica, mientras los exfuncionarios facilitaron el pago pese a las irregularidades. En mayo, un juez federal ordenó reactivar la pensión vía amparo, argumentando que su suspensión afectaba la subsistencia de Casar, quien recibe salario de MCCI.
Medina Hernández devolvió la solicitud a la FGR para que la presente ante un juez del Reclusorio Norte, donde Gerardo Alarcón López ya autorizó diligencias en junio de 2024. Criticó la «falta de diligencia» en el Reclusorio Oriente, advirtiendo sanciones por omisiones que perjudican a los justiciables.
Casar, crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, denunció persecución política: «Tomó una tragedia familiar para mentir y lucrar». La FGR, bajo Ernestina Godoy, niega sesgos y analiza la indagatoria «conforme a derecho». La presidenta Claudia Sheinbaum remitió el tema a la Fiscalía, recordando su origen en las mañaneras de AMLO.
El proceso podría retomarse en 2026, con posibles penas de 6 meses a 12 años de prisión. Pemex busca recuperar los fondos y fincar responsabilidades. MCCI y aliados como el Instituto de Estudios para la Transición Democrática solidarizaron con Casar, calificando el caso de «persecución».
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