Chihuahua, Chih.- El Congreso del Estado de Chihuahua vivió una jornada de alta tensión política y social que culminó abruptamente con la suspensión de la sesión ordinaria, donde se tenía previsto discutir y votar una iniciativa para reformar el Código Civil y reconocer el matrimonio igualitario. Ante la falta de consensos y la polarización generada por el tema, la mesa directiva optó por interrumpir los trabajos legislativos, dejando pendiente la resolución de este derecho civil.
El ambiente en el recinto estuvo marcado desde temprana hora por una fuerte movilización social. Por un lado, colectivos y activistas defensores de los derechos de la comunidad LGTB+ se concentraron en las instalaciones para exigir a las y los diputados la armonización de las leyes estatales con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los manifestantes hicieron un llamado a los legisladores para que abandonaran las posturas discriminatorias y cumplieran con su función de garantizar los derechos humanos de todos los chihuahuenses.
De manera paralela, grupos de asociaciones civiles autodenominadas en defensa de la familia tradicional también ocuparon espacios en las galerías y los alrededores del Congreso. Estos colectivos manifestaron un rechazo abierto a la iniciativa, argumentando que la figura del matrimonio debe reservarse únicamente para parejas formadas por hombre y mujer. La presencia de ambos sectores, con consignas y posturas radicalmente opuestas, generó un clima de confrontación verbal que complicó el desarrollo de la agenda legislativa.
Al interior del pleno, el debate entre las fuerzas políticas reflejó una división profunda. Mientras algunos legisladores argumentaban que el Poder Legislativo estaba obligado a terminar con la desigualdad y el rezago jurídico del estado, otros sectores se pronunciaron por posponer la discusión o someter el tema a mecanismos de consulta, argumentando la necesidad de mayor deliberación social. La falta de una mayoría clara y el temor al costo político frente a las próximas elecciones fueron factores que, según diversas fuentes parlamentarias, influyeron en la decisión de no someter a votación el dictamen.
La suspensión de la sesión fue justificada por la presidencia del Congreso bajo el argumento de garantizar la seguridad de los asistentes y preservar el orden, dado que la intensidad de las protestas rebasó las capacidades de control del recinto. Sin embargo, para los activistas de la diversidad sexual, esta medida fue interpretada como una táctica de evasión política para no asumir la responsabilidad legislativa en un tema de derechos humanos.
Hasta el momento, no se ha establecido una nueva fecha para retomar la discusión de la iniciativa. Mientras tanto, la situación jurídica en Chihuahua se mantiene bajo la misma dinámica: el matrimonio igualitario sigue siendo una realidad operativa en el estado, pero únicamente mediante la vía de los amparos o la instrucción administrativa del Ejecutivo, ante la omisión del Poder Legislativo de realizar la reforma correspondiente en el Código Civil. La suspensión de este jueves prolonga la incertidumbre sobre cuándo el Congreso chihuahuense decidirá entrar al fondo de este debate para otorgar certeza jurídica plena a todas las familias de la entidad.
