La podredumbre crónica del Ipacult
En el feudo crucista de Ciudad Juárez, el despido de Myrna Barajas como directora del Instituto para la Cultura (Ipacult) no fue un relevo técnico ni una «decisión del Consejo de Gobierno», como maquilla el alcalde Cruz Pérez Cuéllar en su narrativa oficial. Ocurrió el 19 de noviembre de 2025, tras un linchamiento por WhatsApp: Barajas desacató instrucciones directas del presidente municipal en un chat institucional y soltó críticas que el régimen tildó de «ofensivas». Algún lambiscón capturó pantallazos, corrió con Cruz y el dedazo cayó implacable, sin que el consejo —ese órgano decorativo peor que el Cabildo, mero trámite para no representar a los juarenses— tuviera voz real. Medios de comunicación que se venden mucho confirman la salida «por incompatibilidad con el proyecto institucional», pero el hedor a venganza personal impregna todo.
El trasfondo es más turbio: Miguel Ángel Mendoza Rangel, el eterno operador en la sombra, nunca soltó las riendas. Barajas llegó en marzo de 2024 para relevarlo, impulsada por un proceso opaco que colectivos culturales denunciaron como «farsa» y «imposición» desde el arranque. Empleados internos y rumores en redes apuntan a que ella se negó a avalar las «transas» que Mendoza y su red cocinan desde hace cuatro años, convirtiendo al Ipacult en un drenaje de corrupción que inunda los ámbitos culturales del crucismo. Eventos como el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte o exposiciones en el MAHCH bajo su gestión fueron lo único rescatable, pero insuficiente para tapar la deuda cultural acumulada.
El relevo, Olga Lizeth Olivas Sánchez —fotógrafa y gestora con 17 años en comunidades rarámuri, fundadora del Colectivo Mujeres Border Bridge—, llega como encargada de despacho, pero con el mismo estigma: la comunidad cultural la señala por falta de perfil directivo, igual que a Barajas. Pérez Cuéllar, en entrevistas, admite «diferencias» con Mendoza y hasta invita a Barajas a denunciar «acoso» si lo hubo, en un cinismo que huele a cortina de humo. Olivas será directora de ornato mientras Mendoza opera desde las catacumbas y Cruz obsesiona con su campaña al 2027. Para él, la política cultural y la historia de Juárez son botín electoral, no prioridad. La mano detrás del drenaje persiste: el Ipacult no se limpia, solo recicla tapaderas en un ciclo de opacidad y descaro que ahoga la verdadera creación juarense. ¿Hasta cuándo?
El tabloide de Pérez Cuéllar viola abiertamente la ley electoral
En pleno periodo de intercampañas, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y Morena distribuyen masivamente en Chihuahua capital un tabloide de 16 páginas que no es informativo, sino propaganda electoral pura. En portada y en todas sus secciones aparece el nombre completo, fotografía y biografía del presidente municipal de Juárez, acompañado de la presidenta Claudia Sheinbaum y el mensaje explícito: “la persona confiable para llevar la Cuarta Transformación al estado”.
Este material se entrega casa por casa por brigadas uniformadas con colores y logotipos de Morena en colonias como Cerro de la Cruz, Los Pinos y Pacífica. No se trata de un periódico ciudadano ni de información gubernamental: no hay logotipos oficiales ni se menciona programa alguno; es un posicionamiento personal y partidista que busca influir en las preferencias electorales antes de que inicie legalmente el proceso interno de selección de candidatos.
La legislación es clara: el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 227 de la Ley Electoral de Chihuahua prohíben estrictamente los actos de precampaña fuera de los plazos establecidos, incluyendo la difusión de propaganda impresa que promueva la imagen o trayectoria de aspirantes. Este tabloide constituye un acto anticipado de precampaña y, al realizarse con recursos y estructura no claros, también puede implicar financiamiento paralelo no reportado.
El Instituto Estatal Electoral tiene la obligación de investigar el origen del financiamiento, el tiraje y la estrategia de distribución, y aplicar las sanciones correspondientes. La equidad en la contienda empieza por respetar los tiempos que la propia ley establece.
Corrupción selectiva con Corral
La ratificación unánime de Héctor Acosta Félix como auditor superior hasta 2032 desató la furia del senador Javier Corral, quien lo acusa de ser títere tanto de César Duarte como de la actual gobernadora Maru Campos. La respuesta de Acosta no es la de un funcionario indignado, sino la de alguien que disfruta destapando la cloaca: Corral, el gran paladín anticorrupción, dejó pudrirse en la Fiscalía una denuncia penal contra la última cuenta pública de Duarte y, cuando se le acabó el tiempo, mandó a sus subalternos a suplicarle al auditor que “borrara y volviera a estampar” los sellos para reiniciar el reloj. Acosta se negó. Punto para él.
Pero el golpe bajo viene después: Corral se molestó porque Acosta le quitó el control remoto de la Auditoría. La anterior titular, Mónica Vargas, despachaba literalmente desde las oficinas de la Fiscalía de Corral, no desde la ASE. El exgobernador, acostumbrado a dar órdenes, no soportó que alguien le dijera que no.
Lo más cínico es que Corral presume haber combatido la corrupción de Duarte mientras toleraba —y encubría— irregularidades millonarias en su propia administración, hoy documentadas y sancionadas por la misma ASE que ahora critica. Funcionarios de su sexenio están confesos, procesados o prófugos. El supuesto cruzado azul resultó ser un fiscal de ocasión: duro con los enemigos, complaciente con los suyos.
En Chihuahua, el PAN lleva años vendiendo la fantasía de la honestidad implacable. Lo de Acosta y Corral demuestra que solo cambian de máscara según convenga. La ratificación “unánime” no es premio a la independencia; es la enésima prueba de que, en este estado, la anticorrupción sigue siendo un arma de uso político y los ciudadanos, mero público de la pelea de egos.
¿El fin de una Fiscalía independiente?
La renuncia de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General, consumada el 27 de noviembre de 2025, no fue voluntaria: fue una destitución disfrazada. Tras meses de distanciamiento con Claudia Sheinbaum y presiones de una opinión pública insatisfecha, Gertz aceptó una embajada a cambio de su salida “por causas graves”. El Senado, controlado por Morena, aprobó la separación con 74 votos, ignorando que la Constitución solo permite remover al fiscal por faltas graves comprobadas judicialmente, la impudicia y falta a las formas llega a la desvergüenza.
Durante seis años, Gertz concentró un poder inédito: persiguió a enemigos políticos del gobierno anterior (Rosario Robles), pero fue notoriamente lento o inactivo en casos sensibles para el oficialismo (Segalmex, huachicol fiscal, Birmex). Lo sustituye Ernestina Godoy —cercana colaboradora de Sheinbaum y militante de Morena— como encargada de despacho, garantizando que la FGR quede en manos leales.
Este episodio confirma la regresión institucional: la Fiscalía Autónoma creada en 2018 vuelve a ser un apéndice del Ejecutivo. La oposición denuncia un golpe técnico que evade la reforma constitucional necesaria para remover a un fiscal. Sheinbaum gana control total sobre las investigaciones penales en un sexenio que arranca con récord de violencia y sin contrapesos.
Queda claro el mensaje: en México, la justicia ya no incomoda al poder. La próxima terna que enviará Sheinbaum al Senado solo confirmará quién manda realmente en la FGR.
