Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó este martes los bloqueos carreteros impulsados por productores agrícolas y transportistas en varias regiones del país, en el marco de su conferencia matutina desde Palacio Nacional. En un tono conciliador pero firme, la mandataria calificó las obstrucciones viales como «innecesarias» y reiteró que, aunque constituyen un delito, su gobierno priorizará el diálogo sobre la represión para resolver el conflicto derivado de la controvertida reforma a la Ley General de Aguas.
«No hay razón para cerrar vías», enfatizó Sheinbaum, al reconocer el derecho a la protesta pero distinguirlo de conductas ilícitas que afectan a miles de ciudadanos. Explicó que mesas de trabajo ya están abiertas con productores, organizaciones rurales y legisladores para discutir ajustes técnicos a la iniciativa, que busca «regresar el agua a la nación, impedir su mercantilización y garantizar el derecho humano al recurso». El eje de la propuesta radica en ordenar el uso agrícola —que consume cerca del 80% del agua nacional— para priorizar el abasto urbano, mediante la tecnificación de sistemas de riego.
El gobierno federal invierte miles de millones de pesos en modernizar estos sistemas, argumentó la presidenta. «Si te tecnificamos y vas a usar la mitad del agua que tienes concesionada, debes regresar la otra mitad para que la use la gente», ilustró, aludiendo a una «situación injusta» donde distritos de riego venden agua a municipios sin pagar derechos, aprovechando su estatus agrícola. «Hay quien se manifiesta para mantener privilegios», apuntó Sheinbaum, al criticar la resistencia de sectores que se oponen a ceder volúmenes sobrantes tras la modernización. «Defender privilegios no tiene cabida» en la transformación nacional, sentenció, comprometiéndose a informar a la población sobre «los intereses detrás de las protestas».
Las manifestaciones responden a temores por la reforma, presentada en el Congreso la semana pasada. En Guanajuato, transportistas y productores niegan vínculos políticos —pese a acusaciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien llamó a «privilegiar el diálogo» ante los bloqueos— y exigen la renovación de concesiones pendientes desde hace siete años por la Conagua, así como un borrador de la ley para evitar autorizaciones temporales que «desproveerían» al campo de recursos hídricos permanentes. Solicitaron una mesa de trabajo este martes y urgen a Sheinbaum revisar la «proximidad social» con el sector.
Los cierres afectan autopistas clave: intermitentes en la caseta «Calera» de la carretera federal 45 en Zacatecas, por jornaleros locales; y totales en la Toluca-México, por transportistas del Valle de México. Segob detallará en días próximos el avance de las mesas y el seguimiento a líderes de las protestas. Mientras la iniciativa avanza en comisiones legislativas, el gobierno insiste en una solución pacífica, equilibrando ley y escucha. La tensión subraya el desafío de equilibrar derechos humanos con equidad en un país con estrés hídrico crónico.
