CULIACÁN, Sinaloa.- El senador de la república y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, compareció formalmente ante las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República en esta ciudad capital. El legislador federal atendió el requerimiento emitido por el Ministerio Público de la Federación para desahogar una diligencia testimonial clave dentro de las carpetas de investigación que indagan la presunta protección institucional a las estructuras del narcotráfico en la región del Pacífico. La presentación del exfuncionario estatal se realizó bajo un riguroso esquema de seguridad y en un ambiente de alta expectación política regional.
El citatorio federal a Inzunza Cázarez coincide de manera exacta con el emplazamiento legal dirigido al gobernador con licencia de la entidad, Rubén Rocha Moya, y a otros seis altos mandos operativos de las corporaciones policiacas y de procuración de justicia del estado. Los agentes del Ministerio Público de la Federación centraron los cuestionamientos técnicos en la verificación de las bitácoras de vuelo, las órdenes de servicio internas y el flujo de comunicaciones oficiales emitidas por la Secretaría de Gobierno durante las fechas críticas señaladas en los informes de inteligencia criminal.
Análisis de pruebas documentales
Los equipos jurídicos que coordinan la defensa técnica de los funcionarios implicados se abocaron a la entrega de carpetas documentales y actas administrativas con la finalidad de desvirtuar los señalamientos que los vinculan de forma directa con los líderes operativos de la delincuencia organizada. Esta comparecencia masiva de mandos gubernamentales en Culiacán adquiere relevancia constitucional tras la reciente solicitud formal de detención provisional con fines de extradición emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del primer círculo político de la administración sinaloense.
La comparecencia de Inzunza Cázarez opera de forma paralela a los juicios de procedencia que las comisiones de la Cámara de Diputados evalúan en la Ciudad de México para resolver el estatus del fuero constitucional de los involucrados en el caso, debido a su actual investidura en la cámara alta. Diversas organizaciones de la sociedad civil y sectores productivos de Sinaloa emitieron pronunciamientos públicos exigiendo que el desahogo de las carpetas de investigación se apegue de forma estricta al debido proceso, advirtiendo que la resolución de este expediente federal resultará determinante para mantener la gobernabilidad y la operatividad de los servicios públicos esenciales en el estado.
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