CHIHUAHUA, Chihuahua.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, Leopoldo Mares, fijó el posicionamiento del sector productivo frente a la controversia judicial que involucra a la gobernadora del estado, Maru Campos Galván. El líder empresarial exigió de manera pública que cualquier proceso indagatorio conducido por las autoridades federales se realice bajo un irrestricto apego a derecho y se mantenga completamente al margen de intereses o tintes de carácter partidista.
La postura del organismo cúpula surge tras la notificación de un citatorio emitido por la Fiscalía General de la República hacia la mandataria estatal, derivado de un operativo en la zona de la Sierra Tarahumara donde presuntamente participaron agentes de agencias de inteligencia extranjeras. Mares analizó la información que ha trascendido en el ámbito público y expuso que, por las características del requerimiento, el procedimiento técnico se perfila originalmente como una entrevista de carácter ministerial y no como una imputación formal.
Riesgos económicos por incertidumbre política
El representante de la iniciativa privada en la capital del estado enfatizó la urgencia de mantener la imparcialidad constitucional en el manejo del expediente. Advirtió que la introducción de agendas políticas en los esquemas de procuración de justicia genera un entorno de inestabilidad que afecta directamente la competitividad regional y altera los planes de inversión en la entidad.
El sector productivo chihuahuense enfrenta actualmente presiones externas derivadas de factores macroeconómicos y retos en materia de seguridad pública, por lo que la cúpula empresarial considera inviable sumar factores de tensión institucional. De acuerdo con el pronunciamiento del organismo, el empresariado local requiere de un entorno de certidumbre legal y facilidades operativas para asegurar la continuidad de los flujos comerciales y sostener el ritmo de generación de empleos formales.
Rechazo a la homologación de casos federales
El Consejo Coordinador Empresarial también se pronunció de forma explícita respecto a los intentos mediáticos de equiparar la situación jurídica de Chihuahua con el requerimiento que la federación extendió al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El líder de los comerciantes e industriales calificó como un error técnico la asimilación de ambos casos bajo una misma narrativa política, argumentando que corresponden a contextos operativos y de investigación totalmente divergentes.
Mares señaló que los señalamientos de instancias norteamericanas dirigidos hacia el exmandatario sinaloense poseen una naturaleza jurídica delicada, por lo que cualquier imputación institucional debe estar sustentada en elementos de prueba contundentes y validados procesalmente. El sector empresarial concluyó que la estabilidad institucional de Chihuahua debe blindarse frente a dinámicas de confrontación centralista que interfieran con el desarrollo económico del estado.
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