Ciudad de México.- La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, deberá pagar al fisco federal 19 millones 269 mil 323 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme este jueves la sentencia que la obliga a cubrir el adeudo, al rechazar por unanimidad su último recurso.
El Pleno del alto tribunal aprobó sin discusión el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, con lo que revocó la admisión del recurso de revisión que había concedido en mayo de 2025 la entonces presidenta Norma Piña Hernández. De esta forma, se confirma el fallo de un tribunal colegiado que negó el amparo a Gordillo Morales.
El crédito fiscal fue determinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 30 de agosto de 2016, tras detectar depósitos en cuentas bancarias y pagos con tarjetas de crédito y servicios a nombre de la exdirigente sindical, que no correspondían a su régimen declarado de sueldos y salarios. La autoridad fiscal consideró estos recursos como ingresos acumulables que modificaban positivamente su patrimonio, por lo que generaban obligación de pagar ISR conforme a la legislación vigente en esos años.
Gordillo argumentó que las cantidades no eran ingresos propios, sino recursos recibidos para cubrir gastos y erogaciones en representación del SNTE, como asistencia a congresos y reuniones. Sin embargo, no presentó pruebas suficientes —como órdenes o comisiones sindicales— que acreditaran que actuaba por cuenta de un tercero, ni demostró el origen y destino exacto de los fondos.
En su impugnación ante la Corte, la maestra cuestionó artículos del Código Fiscal de la Federación, la Ley del ISR y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, al alegar que le imponían una carga probatoria imposible de cumplir, dado que no estaba obligada a llevar contabilidad. El Pleno determinó que el reclamo no versaba sobre inconstitucionalidad de las normas, sino sobre una cuestión de legalidad y valoración probatoria.
Con esta resolución, queda firme la obligación de pago y se agota la vía judicial para la exlideresa del magisterio.
Autor
PUBLICIDAD
