Ciudad de México.- Tras el operativo en Tapalpa donde falleció Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, investigaciones de inteligencia federal y documentos de la Fiscalía General de la República han permitido reconstruir la compleja estructura de nómina que sostenía al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización, considerada una de las más acaudaladas del mundo, operaba bajo un esquema de pagos jerarquizado que garantizaba la lealtad de miles de integrantes en todo el país.
Informes del Departamento del Tesoro de EE. UU. y de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que el CJNG destinaba millones de dólares mensuales al pago de su brazo armado. Los sicarios de nivel básico percibían sueldos de entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales, mientras que los jefes de estaca o comandantes regionales podían recibir hasta 500 mil pesos, dependiendo de la importancia de la plaza y los resultados operativos. Los pagos se realizaban mayoritariamente en efectivo para evitar el rastreo bancario, aunque en zonas urbanas utilizaban empresas fachada para simular sueldos legales.
Un componente crítico de la nómina de Oseguera Cervantes era el rubro de protección institucional. El grupo criminal mantenía una red de pagos a policías municipales, estatales y federales, con cuotas que variaban desde los 5 mil pesos para agentes de vialidad hasta nóminas especiales de cientos de miles de pesos para mandos de alto rango que facilitaban el libre tránsito de convoyes y alertaban sobre operativos. Esta estructura de corrupción permitía al Mencho mantener un anillo de seguridad casi impenetrable en la zona serrana de Jalisco y Michoacán.
La administración de estos recursos recaía en el grupo denominado Los Cuinis, el brazo financiero del cártel encabezado por la familia de la esposa del capo, Rosalinda González Valencia. Ellos diseñaron una red de lavado de dinero que incluía inmobiliarias, centros comerciales, restaurantes y clínicas de belleza, cuyas ganancias servían para fondear no solo la nómina operativa, sino también los bonos de guerra que recibían las familias de los sicarios abatidos o detenidos en cumplimiento de sus funciones.
Con la muerte del líder máximo, las autoridades prevén que la nómina del CJNG sufra fracturas. La falta de un mando centralizado que autorice los flujos de efectivo hacia las células regionales podría derivar en que los jefes de plaza comiencen a autofinanciarse mediante el aumento de extorsiones y secuestros locales, rompiendo la disciplina financiera que impuso el Mencho durante más de una década. La FGR mantiene bajo investigación diversas cuentas y propiedades que servían como cajas chicas para el pago de la operatividad diaria del grupo.
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