Ciudad de México.- En una publicación en su propio sitio, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, fija el foco en las investigaciones del equipo de reporteros de Aristegui Noticias, a partir del análisis de cinco terabytes de información sobre, campañas sucias realizadas por una filial de la empresa de TV para el mejor postor.
A continuación la publicación integra de la RDDD:
EL CASO TELEVISA LEAKS MUESTRA LA IMPORTANCIA DE PROTEGER A LAS PERSONAS ALERTADORAS EN MÉXICO
El 28 de abril de 2025, el equipo de investigaciones especiales del portal Aristegui Noticias dio a conocer evidencia sobre cómo Televisa, la televisora más grande de América Latina, realizó operaciones de desinformación sistemáticas para favorecer intereses políticos.
El caso, conocido como Televisa Leaks, está basado en la filtración de un archivo de cinco terabytes de información, que incluye conversaciones de chat, videos, fotografías y otros documentos que exponen las actividades del grupo “Palomar”, una unidad a cargo de Javier Tejado Dondé –vicepresidente de la Oficina de Información de Televisa–, para ejecutar campañas de desprestigio y golpeteo mediático.
La información filtrada atiende a casos de interés público, como la revelación de que Televisa estuvo detrás de la campaña en redes sociales del entonces ministro Arturo Zaldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la fabricación de denuncias de abuso sexual infantil en contra del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, entre muchos otros.
Más allá de los escándalos, la influencia mediática y el modus operandi del grupo “Palomar”, este caso desnuda otra realidad incómoda: en México no existe un marco legal suficiente para proteger a quienes exponen corrupción o abusos. Por el contrario, quienes tienen el valor de hacerlo se convierten, automáticamente, en blancos de ataques.
La filtración de los Televisa Leaks fue realizada por Germán Gómez, exempleado de Televisa que ingresó a la empresa en 2017. Cineasta de profesión, durante ocho años editó videos falsos para dañar rivales políticos, creó cuentas falsas que atacaban a periodistas como Carmen Aristegui, y vio cómo su salud mental se resquebrajaba bajo jornadas de 16 horas sin contrato formal.
Cuando Gómez filtró los datos, Televisa entró en modo de ataque, retomando difamaciones y mentiras: su tío, el columnista Salvador García Soto, lo llamó “psiquiátricamente inestable”; Tejado Dondé lo acusó de robo y filtró su domicilio en redes. La estrategia fue clara: atacar al mensajero para ignorar el mensaje.
En México, según Artículo 19, la intimidación y el hostigamiento se posicionaron como la embestida más común en contra de periodistas y medios de comunicación, incluyendo el uso de campañas de desprestigio para atacar su credibilidad.
Además de los ataques en su contra, Gómez enfrentó un infierno personal: deudas médicas por su tratamiento psiquiátrico, amenazas de demanda y familiares que le exigían “vender” la información en lugar de “regalarla” a la prensa.
Esto es otra muestra de la situación desventajosa y de vulnerabilidad que enfrentan las personas alertadoras cuando se atreven a levantar la voz y dar a conocer información de interés público que nutre el debate democrático. Desde la empresa que denunció llegan amenazas, hostigamiento y represalias; en la arena pública hay quienes se concentran en criticar sus motivaciones, su personalidad o su salud mental, en lugar de prestar atención a la evidencia que está presentando y la gravedad de lo que está exponiendo; las autoridades –ausentes– no ofrecen alguna protección o salvaguarda que pueda facilitar o brindar apoyo en su situación.
Proteger a las personas alertadoras (whistleblowers) no es un gesto altruista: es un antivirus contra la corrupción. De acuerdo con Transparency International, países como Irlanda redujeron un 30% los desvíos de fondos públicos tras aprobar leyes que blindan a denunciantes.
En México, el marco legal actual es insuficiente. Una Ley de Protección a Personas Alertadoras debería, al menos:
– Crear canales anónimos para proporcionar información a fiscalías y prensa.
– Establecer sanciones en el sector público y privado a quienes despidan o difamen a alertadores.
– Financiar protección física y psicológica con un fondo estatal.
– Evitar la criminalización de quienes expongan información de interés público.
– Brindar protecciones laborales contra represalias.
Una sociedad que se beneficia de conocer la información oculta debe exigir y ser capaz de proteger a quienes la desentierran y la exponen a la luz; en su lugar, los mismos poderes acusados de manipular y desinformar usan sus herramientas para atacar a quien los hace salir de la oscuridad y rendir cuentas.
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