Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores clasificó como reservada por un periodo de cinco años toda la información, comunicaciones y gestiones diplomáticas sostenidas entre los gobiernos de México y Estados Unidos en relación con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador por Morena, Enrique Inzunza Cázarez.
La restricción informativa, que de igual manera impacta a los mecanismos de cooperación e intercambios institucionales vinculados con ambos políticos sinaloenses, fue confirmada a través de resoluciones emitidas por el Comité de Transparencia de la dependencia federal ante peticiones de acceso a la información pública.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por la Unidad de Transparencia de la Cancillería, la divulgación de estos expedientes representaría un riesgo para la conducción de la política exterior del país. Las áreas encargadas del análisis, específicamente la Subsecretaría para América del Norte y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dictaminaron que la entrega de los documentos solicitados podría menoscabar los entendimientos bilaterales vigentes.
En el cuerpo de la resolución formal se establece que la difusión de los datos violaría la expectativa de confidencialidad que esperan los funcionarios del gobierno de Estados Unidos para con el Gobierno de México, lo cual podría restar eficacia a las relaciones de confianza necesarias para el trabajo diario de las representaciones en ambos países.
A la par de este bloqueo informativo, la administración federal impuso una reserva adicional por tres años a las minutas, bitácoras y registros de la reunión celebrada el pasado 21 de mayo en Palacio Nacional. En dicho encuentro de mayo participaron la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin.
Aquella sesión del 21 de mayo en la sede del Ejecutivo cobró relevancia pública tras trascender versiones informativas sobre el presunto planteamiento de las autoridades estadounidenses para la entrega de Rocha Moya e Inzunza Cázarez, a fin de que respondieran por indagatorias abiertas en el país vecino.
Las solicitudes de información fueron promovidas a finales de mayo con el objetivo de transparentar las posturas institucionales, solicitudes de cooperación internacional, análisis de información y estrategias de coordinación entre ambas naciones respecto a la situación jurídica de los funcionarios sinaloenses. El Comité de Transparencia concluyó que los archivos del encuentro del 21 de mayo contienen elementos neurálgicos de la interlocución diplomática que deben permanecer bajo resguardo.
