Madrid, España.- La sede central del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ubicada en la calle Ferraz de Madrid, fue objeto de un intenso operativo judicial el pasado miércoles 27 de mayo de 2026. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permanecieron durante más de 12 horas en el recinto para recabar documentación por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una investigación sobre una supuesta estructura criminal vinculada a la formación política.
La intervención judicial, que también incluyó registros en viviendas de altos cargos socialistas y en la Dirección General de la Guardia Civil, busca esclarecer presuntas actividades orientadas a interferir o “desbaratar” diversas causas judiciales que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El juez Santiago Pedraz, encargado de la instrucción, investiga si el exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, habría utilizado fondos del PSOE para financiar a la militante Leire Díez con el fin de entorpecer las investigaciones abiertas contra familiares del presidente, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.
Entre las diligencias autorizadas por el tribunal se encuentran el acceso a correos electrónicos de dirigentes, el examen de libros contables de los años 2024 y 2025, y la revisión de registros de visitas a la sede de Ferraz. Además de Santos Cerdán, el magistrado ha imputado a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al expresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, por delitos que incluyen organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad documental.
En respuesta a la crisis, el presidente Pedro Sánchez ha descartado convocar a elecciones anticipadas, argumentando que el país requiere estabilidad y no una parálisis política. Desde Roma, el mandatario garantizó la “total colaboración” del partido con la justicia, mientras que la oposición política ha calificado la situación del Gobierno como “insostenible”, exigiendo explicaciones urgentes ante lo que consideran un escándalo de corrupción institucional sin precedentes.
