Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que amplía la definición de abuso sexual y establece que este delito se persiga de oficio.
La modificación a los artículos 260 y 266 Bis incorpora conductas que antes quedaban en zonas grises, como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas, así como obligar a la víctima a observar o realizar actos sexuales para el disfrute de otra persona, incluyendo la toma de imágenes de carácter sexualizado. La diputada federal por el PT, Lilia Aguilar, destacó que se clarifica qué constituye abuso sexual: “toda acción relacionada con el abuso sexual que no tenga penetración”, lo que incluye palabras con acercamientos sexuales o forzar a niños, niñas y adolescentes a presenciar o ejecutar actos para el placer de terceros.
Un avance clave es la centralidad del consentimiento: se establece explícitamente que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física no podrán interpretarse como consentimiento válido. Aguilar ejemplificó con el caso de una niña de 5 años abusada por su padre, liberada por un juez al considerar que la menor estaba “calmada”, situación que ahora se elimina como criterio.
La reforma impone penas de 3 a 7 años de prisión y multas, con aumentos por agravantes como violencia, relación de confianza o comisión en grupo. Además, obliga a los sentenciados a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres.
A pesar de reconocer el progreso en facilitar la demostración del delito y su persecución automática, Lilia Aguilar criticó la reducción de penas (antes de 6 a 10 años), al advertir que podría permitir la liberación de algunos reos en entidades con sanciones mayores. El PT impulsa iniciativas para endurecerlas, especialmente en casos contra menores, y exige cursos obligatorios de educación sexual para agresores.
La minuta, turnada al Ejecutivo federal, responde a demandas de protección efectiva a víctimas, principalmente mujeres y menores, y alinea el marco legal con estándares internacionales.
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