Ciudad de México.- La Secretaría de Economía concretó la cancelación y recuperación de 11 mil concesiones mineras en todo el país, tras detectar que los títulos se encontraban ociosos, presentaban adeudos fiscales o incumplían con los informes de ejecución de obras requeridos por la ley. Esta medida, que representa una de las mayores revisiones administrativas al sector en las últimas décadas, busca reintegrar al dominio de la nación millones de hectáreas que permanecían bajo control de empresas particulares sin generar actividad productiva o beneficio social.
El proceso de revocación se fundamentó en una auditoría exhaustiva de la Dirección General de Minas, la cual determinó que gran parte de estos lotes eran utilizados para la especulación financiera en mercados internacionales, afectando la disponibilidad de tierras para proyectos de desarrollo regional. Las autoridades señalaron que la falta de pago de derechos y la omisión en la presentación de dictámenes de impacto ambiental fueron las causas principales para declarar la caducidad de los contratos, principalmente en estados con alta vocación extractiva como Sonora, Zacatecas y Chihuahua.
Por su parte, la Cámara Minera de México ha manifestado su preocupación ante el volumen de cancelaciones, advirtiendo sobre una posible pérdida de confianza para la inversión extranjera a largo plazo. No obstante, el gobierno federal sostuvo que esta limpieza del padrón minero es necesaria para depurar títulos acaparados y garantizar que la explotación de recursos naturales se realice bajo criterios de transparencia y sostenibilidad. La recuperación de estas concesiones abre la puerta a un nuevo esquema de asignaciones donde se priorizará la consulta a comunidades indígenas y la protección de áreas naturales.
Tras la recuperación de estos títulos, la Secretaría de Economía informó que se llevará a cabo un análisis detallado para identificar yacimientos de minerales estratégicos que queden bajo resguardo del Estado. Con esta acción, la administración federal busca fortalecer la soberanía sobre los recursos del subsuelo, asegurando que cualquier futura actividad minera cumpla estrictamente con la normativa laboral y ambiental vigente, evitando el acaparamiento que caracterizó a las administraciones anteriores.
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