Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Jennifer Krystel Castillo como administradora general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Tras recibir el aval del pleno, la funcionaria rindió la protesta de ley para asumir la titularidad de uno de los brazos fiscales más estratégicos del Estado mexicano, encargado de fiscalizar a los corporativos y empresas de mayor recaudación en el país.
El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor por parte de los bloques de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, frente a ocho votos en contra emitidos por las bancadas del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, quienes cuestionaron el perfil técnico de la funcionaria.
Reorientación de auditorías hacia sectores de alto riesgo
Durante su comparecencia previa ante la Tercera Comisión de la Permanente, Castillo expuso las líneas generales de su programa de trabajo, destacando que la política de fiscalización dejará de centrarse en revisiones ociosas que desgasten de forma innecesaria a los pagadores de impuestos. En su lugar, la funcionaria detalló que los esfuerzos del SAT se redireccionarán de manera prioritaria hacia sectores y empresas que realizan actividades de alto riesgo, con especial énfasis en el combate a las firmas factureras y esquemas de evasión fiscal.
Como parte de los compromisos para otorgar certeza jurídica, la nueva administradora planteó la eliminación de las auditorías simultáneas hacia un mismo contribuyente, optando por la revisión de muestras representativas de la información contable. Asimismo, se comprometió a uniformar los criterios de revisión del personal del SAT, agilizar los tiempos en los procesos de devolución de saldos a favor y estrechar los canales de comunicación institucional para aclarar puntualmente los requerimientos de información que emita la autoridad fiscal.
Debate por la autonomía técnica del cargo
La designación generó posturas encontradas en la tribuna del Poder Legislativo. Los legisladores de las bancadas del PAN y del PRI argumentaron su voto en contra señalando que Castillo carece de la independencia necesaria para encabezar una oficina de alta relevancia económica, advirtiendo sobre el riesgo de que la recaudación de los grandes capitales se rija bajo definiciones político-partidistas en lugar de mantener una estricta autonomía técnica e institucional.
En respuesta a los cuestionamientos de la oposición, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Tercera Comisión, defendió el perfil de la funcionaria al asegurar que cumplió cabalmente con los requisitos de idoneidad y capacidad profesional. El legislador argumentó que las críticas en contra carecían de sustento técnico y obedecían a motivos estrictamente políticos, concluyendo que la trayectoria de Castillo en la administración pública amerita el beneficio de la duda para dar continuidad a las metas de recaudación sin incurrir en prácticas de hostigamiento fiscal.
