CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.— La evaluación del desempeño edilicio en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, documentada puntualmente por observatorios ciudadanos y ejercicios de veeduría social como Plan Juárez y Regidor MX, ha puesto de manifiesto una profunda desconexión institucional y un problema persistente de ausentismo, inasistencias y separación temporal de cargos.
Los datos duros sobre el comportamiento legislativo y de gestión de los integrantes del Cabildo revelan que, además del caso ampliamente mediatizado del regidor Antonio Domínguez Alderete, diversas carteras y regidurías han presentado incidencias que afectan la productividad y el quórum legal en la toma de decisiones prioritarias para la frontera.
El caso puntual de Antonio Domínguez Alderete
En el centro de las revisiones recientes se encuentra el regidor Antonio Domínguez Alderete, cuya actividad se vio interrumpida formalmente tras solicitar y obtener una licencia por un lapso de seis meses para separarse de su cargo edilicio de tiempo completo.
Dicha ausencia prolongada obligó a la integración de su suplente para mitigar el rezago en las comisiones que encabezaba. Analistas y observatorios han señalado que este tipo de ausencias por motivos político-partidistas, o personales como es el caso, que buscaba regularizar su residencia en El Paso, restan continuidad a la vigilancia de los recursos públicos y debilitan la estructura de trabajo colegiado dentro del cuerpo edilicio.
Seguimiento puntual a regidores
Los informes de seguimiento a las sesiones ordinarias, extraordinarias y de comisiones registran el comportamiento de la plantilla de regidores que integran la administración municipal:
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María Dolores Adame Alvarado: Ha figurado en las listas de asistencia con participación regular en comisiones, aunque el Informe Ciudadano destaca que el desconocimiento general de la ciudadanía hacia su labor supera el 98%, reflejando una baja vinculación territorial.
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Pedro Alberto Matus Peña: Registrado con puntualidad intermitente en las convocatorias de pleno; diversos análisis de comisiones señalan retrasos en la emisión de dictámenes debido a la falta de quórum en mesas de trabajo donde participa.
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Martha Patricia Mendoza Rodríguez: Su desempeño muestra asistencias constantes a las sesiones de Cabildo, aunque con señalamientos por parte de organizaciones civiles respecto a la baja presentación de iniciativas de alto impacto social.
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Alejandro Daniel Acosta Aviña: Ha estado envuelto en dinámicas de suplencias y reacomodos políticos, lo que en periodos específicos ha ralentizado la dictaminación de proyectos urbanos. Su suplente temporal, Sebastián Aguilera Brenes, debió asumir funciones en momentos clave de reestructuración edilicia.
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Alejandro Alberto Jiménez Vargas (ex-representación del PAN): Identificado por emitir posicionamientos críticos ante las ausencias de sus homólogos oficialistas, registrando una asistencia formal constante pero con fricciones recurrentes en las discusiones de presupuesto.
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Luz Clara Cristo Sosa (Partido Pueblo): Ha mantenido presencia en las convocatorias oficiales, aunque los reportes de productividad de comisiones la ubican con un bajo volumen de iniciativas presentadas de manera individual.
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Gloria Rocío Mirazo de la Rosa (Movimiento Ciudadano): Ha señalado de manera reiterada la falta de información oportuna en los expedientes turnados a cabildo, lo que en ocasiones ha derivado en confrontaciones sobre el uso de la voz y el análisis de proyectos antes de sus votaciones.
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Mireya Porras Armendáriz (PRI): Su actividad edilicia se ha caracterizado por cuestionar los vacíos en las comisiones y las licencias temporales de otros regidores, exigiendo mayor rigor en los lineamientos internos de asistencia.
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Laura Fernanda Ávalos Medina (PVEM): Ha participado en los debates sobre fiscalización, aunque con llamados recurrentes de la sociedad civil para transparentar el uso de los recursos destinados a gestoría social.
Valoraciones y exigencia de transparencia
Las organizaciones civiles han insistido en que la problemática va más allá de una simple estadística de faltas, señalando que «la baja rendición de cuentas y las ausencias prolongadas reflejan una crisis de representación donde los intereses partidistas se anteponen a la obligación constitucional de legislar por Ciudad Juárez».
Por su parte, los propios ediles han defendido la legalidad de sus actos argumentando que «las licencias y ausencias justificadas se encuentran estrictamente contempladas en el marco normativo municipal, garantizando en todo momento la operatividad mediante la figura de los suplentes sin incurrir en ilegalidades administrativas». La exigencia ciudadana se mantiene enfocada en la creación de un tabulador estricto de productividad y sanciones económicas o administrativas para quienes incumplan con su responsabilidad de representación popular.
