Washington, D.C.– En un nuevo escalón de su ofensiva contra el narcotráfico que bordea lo que muchos analistas llaman una guerra no declarada, el presidente Donald Trump anunció este martes el quinto ataque letal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra un barco sospechoso de traficar drogas en aguas internacionales del Caribe, esta vez frente a las costas de Venezuela. El bombardeo, ejecutado por orden directa del secretario de Defensa Pete Hegseth, dejó un saldo de seis hombres muertos a bordo, todos calificados por la Casa Blanca como «narcoterroristas» presuntamente vinculados a redes ilícitas que envenenan a la nación norteamericana con sustancias mortales.
Trump, fiel a su estilo directo y provocador, compartió la noticia en una publicación en Truth Social acompañada de un video de 33 segundos que muestra la precisión quirúrgica del asalto: un proyectil surca el cielo nublado sobre el mar agitado, impacta contra la silueta de la embarcación y la envuelve en una bola de fuego que ilumina el horizonte como un amanecer infernal.
«Nuestras fuentes de inteligencia confirmaron que el barco traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD», escribió el mandatario, refiriéndose a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. «El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas hombres que estaban a bordo murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido». En el cierre de su mensaje, Trump añadió un toque de su retórica característica: «¡Gracias por su atención a este asunto!», como si se tratara de un trámite rutinario en medio de una crisis que ha tensado los hilos diplomáticos con Caracas hasta el borde de la ruptura.
Operaciones militares en escalada
Esta operación no surge de la nada, sino que se inscribe en una cadena de acciones militares que han multiplicado las alertas en la región desde principios de septiembre. El Pentágono, bajo la batuta de Hegseth –un excombatiente y comentarista conservador convertido en el arquitecto de esta doctrina agresiva–, ha desplegado una armada impresionante en el sur del Caribe: destructores guiados como el USS Jason Dunham y el USS Gravely, junto a cruceros y aviones de vigilancia, patrullan rutas marítimas que Washington considera arterias vitales del crimen organizado.
Según un comunicado oficial del Departamento de Defensa, estos strikes forman parte de un «conflicto armado no internacional» con carteles designados como organizaciones terroristas, una clasificación controvertida que Trump firmó en secreto el pasado julio para justificar el uso de fuerza letal sin necesidad de capturas o juicios. En total, estos ataques han segado la vida de al menos 35 presuntos traficantes: once en el primer bombardeo del 2 de septiembre contra un speedboat ligado al gang venezolano Tren de Aragua; tres más el 15 de septiembre en una embarcación que zigzagueaba hacia las Antillas Menores; cuatro el 3 de octubre en una ruta conocida por su carga de cocaína colombiana; y ahora estos seis, en lo que parece un crescendo de la estrategia trumpista.
Críticas por falta de pruebas
La Casa Blanca pinta estos golpes como un éxito rotundo en la cruzada contra el flujo de fentanilo y otras drogas que, según Trump, «matan a miles de estadounidenses cada año». En declaraciones a reporteros en el Despacho Oval, el presidente se jactó de haber «salvado 100.000 vidas» con estas intervenciones, una cifra que fact-checkers independientes han calificado de inflada y sin sustento, ya que el Caribe no es una ruta principal para el fentanilo –principalmente terrestre desde México– y no se ha presentado evidencia concreta de las cargas en los barcos hundidos.
El secretario de Estado Marco Rubio, un halcón en temas latinoamericanos, respaldó la narrativa al afirmar en X que estos carteles representan una «amenaza inminente» a la seguridad nacional, equiparándolos a Al Qaeda o Hezbollah por su supuesta fusión de narcotráfico y terrorismo. Sin embargo, Rubio y sus colegas han sido esquivos con las pruebas: ni fotos de paquetes de droga flotando en los restos ni informes de inteligencia desclasificados han visto la luz, lo que ha alimentado especulaciones de que los videos granulados podrían ser manipulados, como sugirió el ministro venezolano de Comunicaciones Freddy Ñáñez en septiembre.
Reacciones furiosas desde Caracas
Desde Caracas, la respuesta ha sido un cóctel de furia y paranoia. El presidente Nicolás Maduro, acorralado por sanciones estadounidenses y acusaciones de colusión con Tren de Aragua –un grupo que un informe de inteligencia desclasificado en mayo descartó como marioneta directa del régimen–, declaró el martes un «estado de máxima alerta» ante lo que llamó «una invasión inminente disfrazada de guerra antidrogas».
Dos días después del primer strike, aviones F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en un pulso aéreo que Trump amenazó con derribar si ponían en riesgo a sus tropas. «Veremos qué pasa», advirtió el magnate en una rueda de prensa, dejando la puerta entreabierta a strikes en territorio continental venezolano, un escenario que evoca los fantasmas de intervenciones pasadas en América Latina.
En el Congreso: «Asesinatos Ilegales»
La escalada no ha pasado desapercibida en el Congreso de Estados Unidos, donde demócratas y algunos republicanos moderados alzan la voz contra lo que ven como un abuso de poder ejecutivo. El representante Jim Himes, miembro demócrata de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, tildó estos ataques de «asesinatos ilegales» en una entrevista con el Washington Examiner, argumentando que «no sabemos si esos barcos llevaban narcóticos porque el Congreso no recibe detalles sobre quiénes iban a bordo».
Himes se une a un coro bipartidista –incluyendo a Gregory Meeks, Adam Smith y Jamie Raskin– que en una carta abierta a Trump exigió la lista completa de organizaciones terroristas designadas y evidencia forense de los strikes. «Esto cruza una línea peligrosa», escribió Himes, evocando precedentes como las ejecuciones sumarias en la «guerra contra el terror» de la era Bush. Abogados militares consultados por Just Security y la Asociación de Abogados de Nueva York van más allá: sostienen que optar por la muerte en lugar de la captura viola el derecho internacional humanitario, convirtiendo a Trump en un «asesino en alta mar» que prioriza el espectáculo sobre la justicia.
Mientras el humo de la última explosión se disipa en el horizonte caribeño, la pregunta que flota en el aire es si esta doctrina de «disparar primero» contendrá el flujo de drogas o avivará un incendio regional. Fuentes del Pentágono susurran que más operaciones están en el horizonte, con Hegseth prometiendo «no parar hasta que las calles de América estén limpias». Pero en las calles de Caracas y Washington, el eco de las críticas resuena con fuerza: ¿es esto defensa nacional o un preludio a un conflicto mayor? Por ahora, el mar guarda sus secretos, y Trump, con su pulgar en el botón, parece dispuesto a seguir presionando.
