Puebla, Puebla.- El profesor colombiano Leonardo Escobar, docente de la Universidad Iberoamericana Puebla, denunció este lunes haber sufrido agresiones graves por parte de elementos de la Guardia Nacional durante su detención irregular en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León.
En su primera declaración pública desde las instalaciones de la Ibero Puebla, Escobar relató que el 31 de diciembre fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey durante una escala rumbo a la Ciudad de México. Según su testimonio, agentes de la Guardia Nacional lo golpearon antes de trasladarlo a una celda en Apodaca, causándole la fractura de tres costillas, lesión confirmada médicamente.
“Antes de ir a la celda fui golpeado por la Guardia Nacional, lo cual me generó una fractura de tres costillas, ya comprobada médicamente”, afirmó. Permaneció tres días en esa celda sin aparecer en el Registro Nacional de Detenciones, sin derecho a comunicarse con su familia y sin asistencia médica adecuada pese a su desorientación. Describió condiciones inhumanas: expuesto a la intemperie, con alimentación insuficiente y agua de dudosa procedencia, lo que pudo agravar su estado físico y mental.
Tras su liberación el 2 de enero, quedó sin pertenencias —que asegura le fueron despojadas irregularmente en el aeropuerto— y sin poder continuar su viaje, lo que lo llevó a deambular y caer en situación de calle. Fue localizado el 16 de enero en un centro de rehabilitación en Juárez, Nuevo León, gracias a Felipe Rangel, director de la clínica Félix, quien alertó sobre su estado de inconsciencia y paranoia.
El abogado Simón Hernández, representante de la Ibero Puebla, señaló graves inconsistencias: no hay claridad sobre si existió audiencia judicial, ni explicación de su ausencia en registros oficiales. La Fiscalía de Nuevo León solo mencionó “faltas administrativas” sin precisarlas y no ha respondido a las acusaciones.
Escobar vinculó el trato a un patrón de discriminación contra viajeros colombianos, un problema que ha generado alertas diplomáticas de Colombia desde 2022. La universidad exige investigación a fondo para esclarecer los hechos y garantizar justicia.
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