Ciudad Juárez, Chih.- Una red de asistencia social en Ciudad Juárez se encuentra bajo escrutinio judicial tras revelarse que la directora y representante legal de Casa de Refugio para Jovencitas A. C., Maricruz R. R., enfrenta un proceso penal por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral, tras ser señalada de obligar a menores bajo su cuidado a fabricar piñatas de manera sistemática.
La imputada, de 64 años, fue detenida el pasado 27 de agosto e internada bajo la medida cautelar de prisión preventiva, luego de que un juez de control otorgara un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. La indagatoria de la Fiscalía General del Estado apunta a que el refugio, concebido teóricamente para proteger a poblaciones vulnerables, operaba bajo prácticas de abuso contra niñas institucionalizadas.
Historial financiero y captación de recursos
Documentos fiscales e institucionales revelan que la asociación civil operaba con un flujo importante de recursos económicos mixtos. Por un lado, la organización reportó ante la Secretaría de Hacienda un acumulado de 11 millones 588 mil 83 pesos en donativos —tanto en efectivo como en especie— durante 17 ejercicios fiscales consecutivos, abarcando el periodo de 2008 a 2024.
El pico financiero de donaciones privadas se registró en 2013 con ingresos por 2 millones 241 mil 999 pesos. Aunque los montos fluctuaron con los años, la cifra volvió a repuntar en ejercicios recientes, reflejando aportaciones constantes bajo su estatus fiscal de donataria autorizada.
Convenios y vínculos con el DIF estatal
Paralelamente a los donativos privados, la organización civil mantuvo una relación operativa estrecha y convenios formales con instancias gubernamentales, destacando el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Chihuahua.
Registros oficiales documentan que la asociación recibió diversos apoyos financieros institucionales a lo largo de los años, comenzando con partidas de la extinta Secretaría de Desarrollo Social en 2015 y ministraciones subsecuentes del DIF estatal entre 2018 y 2025.
El vínculo formal quedó plasmado en un convenio signado en 2016, mediante el cual el DIF estatal acordó un esquema de contraprestación de 600 pesos mensuales por cada menor bajo tutela pública canalizada al centro, además de la entrega de apoyos alimentarios. A cambio, el refugio tenía la obligación contractual de garantizar los derechos humanos de las niñas y adolescentes, protegiéndolas explícitamente contra cualquier forma de violencia, abuso y explotación, incluyendo la trata de personas.
A pesar de formar parte del padrón oficial de 23 Centros de Asistencia Social autorizados en la entidad —contando con registros de menores institucionalizados bajo supervisión de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes—, las indagatorias ministeriales fracturaron la fachada institucional del albergue.
Acusación formal por explotación laboral
La investigación ministerial detalla que el esquema de abuso se prolongó durante varios años al interior del centro de asistencia. De acuerdo con las carpetas de investigación, el primer caso documentado ocurrió entre marzo y noviembre de 2022, cuando una niña de 12 años fue presuntamente forzada a realizar labores de manufactura de piñatas.
Un segundo caso similar se registró entre febrero de 2023 y octubre de 2024, afectando a otra adolescente de 13 años. Estas prácticas motivaron la intervención de las autoridades ministeriales, quienes ejecutaron la orden de aprehensión contra la directiva para deslindar responsabilidades por la violación grave de los derechos de la infancia bajo tutela institucional.
