CHIHUAHUA, Chihuahua.- El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional y diputado federal, Álex Domínguez, emitió un pronunciamiento técnico respecto a la controversia judicial que envuelve al Gobierno de Chihuahua. El legislador federal acusó de forma directa a la Fiscalía General de la República de actuar completamente fuera de los márgenes establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, advirtiendo que los procedimientos ministeriales desplegados en la entidad incurren en graves violaciones procesales y de carácter constitucional.
El líder del tricolor explicó que las acusaciones de la federación derivadas de la destrucción de un laboratorio de narcóticos en la zona serrana representan una distorsión jurídica de los hechos. Domínguez recordó que la internación y autorización de operaciones para corporaciones de inteligencia extranjera en el país es una facultad regulatoria exclusiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración, por lo que deslindó por completo de responsabilidad penal o administrativa al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
Invalidez procesal y defensa del fuero constitucional
El diputado federal desglosó los fundamentos técnicos por los cuales el citatorio emitido por la autoridad ministerial federal adolece de validez legal y vulnera directamente el pacto federal entre los estados y el centro del país. El representante argumentó que la actuación centralista busca instaurar una narrativa de persecución política utilizando de forma facciosa el sistema de procuración de justicia de la nación.
- Protección a la autonomía: La defensa de la inmunidad constitucional no opera como un mecanismo de protección personal de funcionarios, sino como una garantía técnica indispensable para mantener la autonomía de las instituciones locales frente al poder central.
- Contradicción con la carta magna: El artículo 111 de la Constitución Federal estipula de forma estricta que para proceder legalmente contra un mandatario en funciones se requiere forzosamente una declaración de procedencia ratificada por el Congreso local.
- Inmunidad para testimonios: Los artículos 364 y 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales exentan a los gobernantes de la obligación de comparecer físicamente ante citatorios ministeriales, incluso bajo el carácter de testigos.
Advertencia sobre precedentes centralistas en el país
El legislador federal concluyó que el desacato a las normas procesales penales por parte de las dependencias federales genera un riesgo sistemático para el resto de las entidades de la república mexicana. El bloque tricolor alertó que consentir acciones ministeriales que ignoren las leyes secundarias debilita la soberanía de los estados federados y abre la puerta para que el aparato de justicia opere bajo objetivos de orden electoral.
La dirigencia del partido reafirmó que se mantendrá vigilante de las resoluciones de los juzgados federales para evitar que se consume un atropello constitucional en territorio chihuahuense que centralice las decisiones de seguridad pública de manera unilateral.
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