Ciudad de México.- La solicitud de juicio político y declaración de procedencia (desafuero) en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, promovida por la bancada de Morena del Congreso local, quedó exhibida por notorias deficiencias y errores de técnica jurídica en el documento entregado ante la Cámara de Diputados.
Lo que pretendía ser una ofensiva legal contundente por parte de once legisladores chihuahuenses se topó con burlas y cuestionamientos luego de que trascendieran las pifias en la integración del oficio. Abogados de los diputados del partido guinda acudieron a San Lázaro buscando sancionar a la mandataria por la presunta participación de agentes de inteligencia de Estados Unidos en un operativo en Chihuahua, pero terminaron evidenciados por la falta de rigor procesal.
Fuentes legislativas y especialistas advirtieron que el documento entregado presenta una severa confusión de competencias, equivocaciones en la fundamentación constitucional y un planteamiento que mezcla el procedimiento de un juicio político federal con atribuciones normativas exclusivas del ámbito estatal. Estas inconsistencias y errores de redacción debilitaron la seriedad jurídica de la petición desde el momento mismo de su registro.
El bloque promovente de esta solicitud está integrado por los diputados Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Leticia Ortega Máynez, Óscar Daniel Avitia Arellanes, Elizabeth Guzmán Argueta, María Antonieta Pérez Reyes, Brenda Francisca Ríos Prieto, Pedro Torres Estrada, Edith Palma Ontiveros, Herminia Gómez Carrasco y Jael Argüelles Díaz. Todos ellos respaldaron con su firma el polémico oficio.
La solicitud fue recibida oficialmente en la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, confirmó el ingreso del trámite y aclaró cuál es el curso legal a seguir. Indicó que, para que el proceso legislativo no se estanque, los denunciantes tienen la obligación de acudir a ratificar su escrito original a más tardar el próximo viernes 29 de mayo.
De subsanar las formas y cumplir con la ratificación, el expediente, con todo y sus errores iniciales, será remitido a la Subcomisión de Examen Previo. En dicha instancia, los legisladores federales deberán analizar minuciosamente el fondo y la forma del documento para determinar si existe materia legal que justifique el inicio formal del procedimiento contra la mandataria o si las fallas del oficio ameritan que sea desechado.
Para el Partido Acción Nacional (PAN) y el equipo de defensa de la gobernadora, las equivocaciones plasmadas en el escrito no son obra de la casualidad, sino el reflejo de un documento elaborado «al vapor». La oposición ha denunciado que estas torpezas jurídicas demuestran que no existe un caso sólido, y que la única intención de Morena es montar un espectáculo mediático para intentar golpear a un gobierno de oposición en pleno clima de tensión electoral.
Mientras tanto, Maru Campos, quien se encontraba en la capital del país cumpliendo con el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República por el mismo caso, ha desestimado la ofensiva de los diputados locales. La titular del Ejecutivo chihuahuense sostiene que la solicitud de desafuero no es más que una extensión de la persecución política y la simulación jurídica fraguada desde el aparato gubernamental de la Cuarta Transformación para intentar doblegarla.
