Ciudad Juárez, Chih.- La seguridad en la región noroeste de Chihuahua continúa en un estado crítico tras el desmantelamiento en mayo de 2023 de la Policía Municipal y Vialidad por presuntos vínculos con el crimen organizado, reporta el medio digital Noticias 24. La zona permanece marcada por el hallazgo previo de fosas clandestinas masivas en el área turística de Casas Grandes y su relación con hechos violentos de alto impacto como la masacre de Bavispe.
En el centro de la controversia se encuentran las gestiones de las hermanas Escárcega, quienes encabezan el gobierno de Nuevo Casas Grandes bajo las siglas del PT. Se consigna que la alcaldesa Edith Escárcega ha recurrido al presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, para interceder ante la administración de Claudia Sheinbaum con el fin de reinstalar la fuerza policial local. La crítica señala que este retorno incluiría a agentes que no aprobaron los exámenes de confianza y que presuntamente mantienen operativos irregulares vinculados a grupos delictivos identificados localmente como Los Güeritos y El Guacho.
La inestabilidad institucional se acentuó esta semana con la salida de Alejandro Vargas Salas de la Fiscalía de Distrito Noroeste. Informes de Noticias 24 indican que la renuncia del fiscal ocurrió en medio de señalamientos extraoficiales por extorsión a productores de nuez en el Valle de Buenaventura. Esta vacante se produce mientras la región enfrenta la desaparición de cinco personas: Iván Alberto Bejarano Cruz, Jaime Cruz Gurrola, Heidy García Baldovinos, Filiberto Sánchez Vizcaíno y Silvia Palmira Ramírez López; de quienes solo una mujer ha sido localizada con vida hasta el momento.
El análisis publicado por Noticias 24 cuestiona la falta de acción contundente por parte de la Fiscalía Federal y la supervisión a las autoridades locales impuestas por la coalición política dominante. La situación en el noroeste se describe como una paz narca, donde las desapariciones constantes y el control territorial de facciones criminales sobre los antiguos cuarteles policiacos impiden el restablecimiento de un orden institucional genuino.
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