Pérez Cuéllar excusa su incuria
El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, al lavarse las manos ante la tragedia que costó cinco vidas en Tecnológico y Centeno, reduce el problema a la «irresponsabilidad humana» y rechaza retenes viales en avenidas clave, argumentando que nada puede suplir la conducta individual en una ciudad de 1.5 millones de habitantes. Esta postura no solo ignora que la prevención vial efectiva combina educación con disuasión policial, sino que revela una abdicación de responsabilidad: si el trabajo de Vialidad es «permanente» pero insuficiente, ¿por qué no intensificarlo en horarios de alto riesgo, como las 2:00 a.m. cuando ocurrió el choque? Pasarse un semáforo en rojo no es solo imprudencia aislada, sino síntoma de un sistema que tolera el exceso de velocidad y la ebriedad sin controles visibles, como lo demuestran los 549 accidentes por velocidad en el primer semestre de 2025.
Retenes rechazados: ¿ineficacia o comodidad política?
Pérez Cuéllar extiende su aversión a los retenes —incluso los militares, que califica de molestos e ineficaces— al ámbito vial, negándose a implementarlos pese a que podrían detectar ebrios o imprudentes en cruces mortales como Tecnológico. En una urbe donde los accidentes viales superaron los 3,661 hasta julio de 2025, con 30 fallecidos, esta negativa parece más una estrategia para evitar quejas ciudadanas que una política basada en evidencia. Estudios internacionales muestran que retenes aleatorios reducen hasta un 20% las colisiones nocturnas por alcohol; aquí, en cambio, se opta por campañas preventivas que, aunque útiles, no sustituyen la presencia disuasoria. El edil prefiere «todo el peso de la ley» post-accidente, pero ¿dónde está la prevención que evite calcinados en una GMC Acadia o prensados en un Honda Civic?
Víctimas invisibles en un cruce de tragedias
El percance no fue un rayo en cielo despejado: Tecnológico y Centeno acumuló 34 choques solo en 2024, y el patrón de omisión de semáforos en rojo se repite en intersecciones de alta carga vehicular. Tres mujeres calcinadas, dos tripulantes prensados y un sobreviviente grave ilustran la brutalidad de impactos a alta velocidad en cruces sin radares foto-multa o patrullas fijas. El alcalde menciona exceso de velocidad, pero omite que su administración podría instalar cámaras o sincronizar semáforos inteligentes, medidas probadas en ciudades similares que bajan un 30% las fatalidades. En Juárez, con distracciones al volante causando 386 siniestros en seis meses, culpar solo al conductor evade invertir en infraestructura que salve vidas antes de que arda un vehículo.
Asumir responsabilidad, no sermones
Continuar «trabajando» sin métricas claras ni compromisos cuantificables —como reducir 20% los choques nocturnos en 2026— perpetúa un ciclo donde las tragedias se lamentan pero no se previenen. Pérez Cuéllar tiene razón en que la responsabilidad individual importa, pero gobernar una metrópoli exige más: retenes selectivos, alcoholímetros obligatorios en salidas de antros y auditorías públicas a Vialidad. Mientras el edil repite que «no hay manera» de suplir la imprudencia, las familias de las cinco víctimas saben que sí la hay: liderazgo que priorice vidas sobre comodidad política. Juárez merece un plan vial con dientes, no discursos que absuelvan al gobierno de su deber primordial: proteger a quienes circulan por sus avenidas.
Fallos en la protección a Manzo
El asesinato de Carlos Manzo expone las grietas profundas en el sistema de seguridad del gobierno federal y estatal, a pesar de las medidas anunciadas. Desde diciembre de 2024, el alcalde contaba con escoltas de la Guardia Nacional, reforzados en mayo de 2025 con 14 elementos y dos vehículos, según el secretario Omar García Harfuch. Sin embargo, durante el Festival de Velas en la Plaza Morelos, un evento público masivo, el agresor logró disparar siete veces sin que la protección interviniera a tiempo, lo que resultó en la muerte inmediata de Manzo y heridas a un regidor. Esta falla no solo cuestiona la efectividad de la Guardia Nacional, sino que revela una priorización insuficiente en la vigilancia de figuras expuestas al crimen organizado, convirtiendo promesas de «refuerzo» en retórica vacía que cuesta vidas. La crítica es inevitable: ¿de qué sirve asignar recursos si no se adaptan a la dinámica de amenazas en zonas de alto riesgo como Uruapan?
Ignorar denuncias que matan
La trayectoria de Carlos Manzo como alcalde de Uruapan (2024-2027) estuvo marcada por denuncias públicas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, solicitando apoyo al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la presidenta Claudia Sheinbaum, peticiones que cayeron en oídos sordos. En videos y declaraciones previas al ataque, Manzo alertaba sobre extorsiones y presencia criminal, incluso confrontando directamente a Bedolla en redes sociales, pero el gobierno estatal priorizó eventos protocolares sobre acciones concretas. La reacción post-mortem, con Sheinbaum convocando al gabinete de seguridad y prometiendo «no impunidad», llega tarde y huele a control de daños, mientras el arma incautada en la escena vincula el crimen a disputas entre grupos rivales. Esta omisión sistemática no es un lapsus, sino un patrón que desincentiva a líderes locales a combatir el narco, perpetuando un ciclo donde la valentía se paga con balas y el Estado con excusas.
Un legado calderonista persistente
Michoacán, epicentro de la «guerra contra el narco» iniciada por Felipe Calderón en 2006, acumula 1,024 homicidios dolosos entre enero y septiembre de 2025, posicionándose como el séptimo estado más violento de México según datos oficiales. El caso de Manzo se suma a una cadena de atentados contra autoridades y empresarios, como el de Bernardo Bravo Manríquez en días recientes, líder de productores de limón extorsionados en Apatzingán. A pesar de los cambios de gobierno, desde Morena hasta administraciones previas, la persistencia de carteles como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios evidencia un fracaso estructural: estrategias de «abrazos, no balazos» que diluyen la confrontación directa, permitiendo que el crimen organizado controle territorios y eventos públicos como el Día de Muertos. Criticar esta herencia no es revivir el pasado, sino demandar que Sheinbaum rompa el ciclo con inteligencia, no con discursos que ignoran cómo la impunidad alimenta a la generación de víctimas.
De la ira popular a la politiquería
El funeral de Manzo en Uruapan se convirtió en un termómetro de la rabia colectiva: el gobernador Bedolla fue abucheado y expulsado con gritos de «¡Fuera!», reflejando la desconfianza en un liderazgo que falló en proteger a un alcalde que desafió al crimen. Mientras Morena, a través de Luisa María Alcalde, acusa a la oposición de «politiquería barata» al exigir rendición de cuentas, figuras como Mariana Gómez del Campo y Acción Nacional claman justicia y culpan directamente al «narco-gobierno». En X, posts virales como los de @GildoGarzaMx capturan videos de la confrontación, amplificando demandas de investigación a los 14 elementos de la Guardia Nacional presentes. Esta polarización no resuelve nada; al contrario, diluye la urgencia de una autocrítica gubernamental. La verdadera crítica radica en cómo el asesinato de Manzo, lejos de unir, se usa como munición electoral, dejando a Uruapan en duelo sin respuestas concretas.
De la condena a la acción real
El «vil asesinato» calificado por Sheinbaum debe trascender las condenas en X y convertirse en catalizador para una reforma profunda, no en un parche temporal. Con dos detenidos sin representación legal confirmada y un agresor abatido sin identificación, la investigación liderada por el fiscal Carlos Torres Piña debe transparentarse para evitar sospechas de encubrimiento, especialmente dado el vínculo del arma con ataques previos entre facciones criminales. Organizaciones como Insight Crime subrayan la necesidad de desmantelar redes delictivas en Michoacán, pero sin inversión en inteligencia local y protección integral para denunciantes, más alcaldes como Manzo pagarán el precio de la inacción. La crítica final es un llamado: México no puede seguir lamentando mártires; urge una estrategia de seguridad que priorice la vida sobre la imagen, transformando la indignación de Uruapan en un movimiento nacional contra la impunidad que devora a sus guardianes.
Unidad ficticia en tiempos de campaña
El alcalde Marco Bonilla reunió a 250 “líderes” en Jiménez para vender la misma mercancía de siempre: unidad contra un enemigo invisible. Lo que no dijo es que esa “unidad” solo sirve mientras las cámaras estén encendidas y los micrófonos abiertos. Fuera del salón, los mismos empresarios que aplaudieron siguen esperando los permisos que nunca llegan y las asociaciones civiles que lo ovacionaron aún buscan los recursos que les prometieron hace dos años. La foto quedó bonita; la realidad, como siempre, se quedó afuera.
El mito del “no asistencialismo”
Bonilla presume que reparte “visión” en vez de despensas. Olvida mencionar que su visión incluye 400 millones en publicidad oficial y cero pesos en transparencia sobre los contratos de sus amigos. Mientras critica el asistencialismo federal, su gobierno gasta fortunas en espectaculares que dicen “Chihuahua Avanza” sobre baches que nadie tapa. La estrategia es clara: cambiar el nombre al clientelismo para que suene a mérito.
Historia reciclada, miedo recalentado
Invocar los “grandes movimientos cívicos” de Jiménez es tan cínico como efectivo. Bonilla sabe que mencionar la defensa de la democracia enciende aplausometro, aunque su partido lleve 30 años turnándose el poder sin rendir cuentas. El truco es viejo: pintarnos como víctimas de un “régimen destructor” que, curiosamente, nunca nombra con apellido. El miedo vende boletos; la memoria, en cambio, estorba.
Promesas de campaña, olvido pos-electoral
Al final, todo se reduce a la misma fórmula: “Cuenten conmigo”. La frase que se grita en mítines y se borra en presupuestos. Los ganaderos que lo abrazaron hoy seguirán esperando el rastro TIF que se les juró en 2021; los jóvenes que corearon su nombre seguirán emigrando porque las “oportunidades económicas” son solo eslogan. Bonilla no vino a Jiménez a escuchar: vino a ensayar el discurso que repetirá en cada plaza hasta junio. Y Jiménez, como siempre, aplaudirá… hasta que se apaguen las luces.
