Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una fuerte ola de indignación y preocupación se ha desatado entre padres de familia en Tamaulipas tras descubrir que los exámenes aplicados recientemente a sus hijos en el entorno escolar no buscan evaluar el aprovechamiento académico, sino recolectar información privada sobre el estatus económico y la vida patrimonial de los hogares. Diversas asociaciones de tutores han levantado la voz de alarma en la entidad ante lo que consideran una flagrante violación a los derechos de la infancia y a la protección de datos personales en el entorno educativo.
De acuerdo con los testimonios e imágenes de las pruebas difundidos por los propios afectados, los cuestionarios intercalan preguntas ajenas a los planes de estudio vigentes. Entre los reactivos que causaron mayor molestia se encuentran cuestionamientos explícitos sobre el tipo de vivienda que habitan, si es propia o rentada, la cantidad de automóviles con los que cuenta la familia, los ingresos mensuales estimados de los proveedores económicos, así como los aparatos electrodomésticos y servicios tecnológicos disponibles en el hogar. Los denunciantes argumentan que utilizar a los menores de edad como un canal para realizar un censo socioeconómico forzado es una práctica abusiva que vulnera la intimidad del núcleo familiar.
Ante la gravedad de los señalamientos, voceros nacionales y locales plenamente identificables han asumido la representación de las familias afectadas para exigir castigos institucionales. Alejandro Águila Argüelles, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, lidera las acciones legales y ciudadanas exigiendo el cese inmediato de estas evaluaciones diagnósticas invasivas.
En el ámbito estatal, representantes de comités de padres en municipios clave como Victoria, Tampico y Reynosa se han sumado al reclamo público, demandando una explicación puntual a las autoridades de la Secretaría de Educación de Tamaulipas sobre el destino de la base de datos recabada y los criterios bajo los cuales se aprobó la distribución de estos materiales.
Hasta el momento, las supervisiones escolares se han limitado a señalar que los formularios forman parte de un diagnóstico general, sin embargo, los comités ya alistan quejas formales ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas para frenar la aplicación de estos exámenes y garantizar el resguardo de la información recolectada.
