Ciudad Juárez, Chih.– El Juzgado Quinto de Distrito resolvió a favor del presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez, Ulises Pacheco, el juicio de amparo indirecto 407/2026-VI, promovido tras la omisión de respuesta por parte del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, a una solicitud formal de información relacionada con la estructura de la administración local.
La resolución judicial federal concede la protección de la justicia a la parte quejosa y mandata a la autoridad responsable a emitir un acuerdo por escrito en el que resuelva la petición original. El dictamen fundamenta su resolución en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra el derecho de petición y constriñe a los funcionarios públicos a emitir una respuesta formal en un breve término, de manera independiente al sentido de la contestación.
El origen del litigio administrativo data del requerimiento que Ulises Pacheco, en copropiedad de firma con la dirigencia estatal de su partido, presentó formalmente ante la oficina de la alcaldía. En dicho documento, se solicitaba un informe detallado sobre el estatus contractual y las remuneraciones de tres puestos clave dentro de la nómina municipal y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), bajo el argumento normativo de transparentar las designaciones y descartar posibles escenarios de nepotismo.
Específicamente, el requerimiento buscaba constatar si Ignacio Carmona Campirano, quien figuraba en la plataforma de transparencia como secretario privado con una percepción mensual de 80 mil pesos, continuaba adscrito a la dependencia o si había causado baja. De igual manera, se solicitó precisar la situación laboral de Érika Janneth Prado Núñez, directora administrativa del DIF con percepciones de 85 mil pesos, así como de Anna Paula Martínez Enríquez, coordinadora de Comunicación Social de la misma institución, con un salario registrado de 32 mil pesos.
Tras la notificación de la sentencia de amparo, el dirigente partidista local expuso que, a pesar de que el presidente municipal ha vertido declaraciones en medios de comunicación sosteniendo que las personas referidas ya no forman parte de la estructura gubernamental, el fallo de la judicatura federal le obliga a protocolizar dicha aclaración mediante una contestación oficial y jurídicamente válida que detalle las fechas y términos institucionales de los movimientos de personal.
