Washington, D.C. — Lo que el presidente Donald Trump presentó en agosto de 2025 como una operación federal para combatir la «delincuencia rampante» en la capital estadounidense ha derivado, cuatro meses después, en una intensa ofensiva contra inmigrantes, según denuncian activistas, líderes locales y datos oficiales.
La intervención comenzó a mediados de agosto con una orden de emergencia que colocó bajo control federal a la Policía Metropolitana de Washington D.C. y desplegó cientos de agentes federales y elementos de la Guardia Nacional. El gobierno republicano la promociona como un «éxito rotundo» en la reducción del crimen, aunque las estadísticas muestran que la delincuencia ya venía disminuyendo antes de su inicio.
Sin embargo, las cifras revelan otro enfoque: un tercio de los más de 7,500 arrestos realizados hasta el lunes fueron por motivos migratorios, según datos revisados por The Associated Press. En septiembre, ese porcentaje alcanzaba el 40%. De unos 1,130 arrestos inmigratorios hasta el 15 de octubre, 947 personas no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes, de acuerdo con información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) publicada por la Universidad de California en Berkeley.
«Las redadas migratorias ya no son noticia porque forman parte de la normalidad», afirmó la concejal Brianne K. Nadeau. Residentes e inmigrantes describen un clima de temor: agentes enmascarados y sin identificación realizan detenciones en zonas escolares, centros de alimentos, empresas de jardinería y barrios hispanos. Muchos arrestos inician con controles de tráfico rutinarios que escalan con la llegada de fuerzas federales.
En audiencias municipales, testigos como la inmigrante boliviana Nadia Salazar Sandi relataron detenciones de familiares que dejaron «asientos vacíos» en celebraciones familiares. «Esto es aterrador», dijo, mencionando que ahora lleva su pasaporte a todas partes pese a ser ciudadana. Otro residente denunció «acoso, agresiones y secuestros» diarios contra vecinos.
Una demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) alega detenciones ilegales sin órdenes judiciales ni causa probable. Un juez federal limitó recientemente los arrestos generalizados por inmigración. La Casa Blanca defiende la operación: «Abordamos delitos cometidos por cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio», declaró la portavoz Abigail Jackson, destacando que muchos detenidos tenían órdenes pendientes o condenas previas.
Pese a la expiración de la orden policial de emergencia en septiembre, las tácticas persisten. Tras un tiroteo contra guardias nacionales, Trump anunció más despliegues. Líderes locales, con autonomía limitada en el distrito federal, admiten su impotencia: «No tenemos los mismos derechos que los 50 estados para proteger a nuestros residentes», dijo la concejal Brooke Pinto.
La operación, sin fecha de fin anunciada, ha convertido a Washington en un laboratorio de políticas migratorias estrictas, generando división entre seguridad pública y derechos de los inmigrantes.
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